El sector de la caza se recupera tras la pausa provocada por la pandemia. A falta de los datos definitivos de la temporada 2021-2022, la previsión es que el sector remonte ya que este año se han expedido 7.950 permisos de corzo y 4.675 de ciervo en la provincia y, si bien es cierto que estos son datos de autorizaciones (no de capturas), la cifra está ya muy por encima de los registros del año pasado, cuando se cerró la temporada con 4.307 ciervos y 6.692 corzos abatidos. 

El sector remonta y, a ojos del Gobierno regional, es una buena noticia. «La caza tiene un componente cultural y tradicional» pero, además, es una «importante fuente de recursos económicos», justifica la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, para dejar en evidencia la «apuesta firme y absoluta» de la Junta -y la suya propia- «por la caza y por la defensa de un aprovechamiento ordenado y sostenible de todos los recursos naturales frente a los continuos ataques que viene sufriendo el sector, incluso ideológicos y políticos, todos ellos carentes de rigor científico y técnico», recrimina. 

Su defensa viene respaldada por los datos: «En España la caza moviliza más de 6.400 millones y contribuye a mantener 200.000 empleos, suponiendo el 0,3% del PIB. En Castilla y León genera 506 millones y mantiene casi 8.000 empleos. En Soria, la caza es el segundo aprovechamiento en los montes de utilidad pública, por detrás de la madera», concreta. En términos económicos, «los ingresos directos e indirectos que se generan en la provincia con la caza superan los doce millones anuales», añade. Solo en los montes de utilidad pública, «la caza deja más de un millón de euros en materia de ingresos para los ayuntamientos, las entidades locales y las juntas vecinales;el doble de lo que se ingresa por pastos y ocho veces más que lo que se ingresa por resinas o micología», especifica De Gregorio. 

La delegada pone el acento además en la «trascendencia económica» de la caza para dinamizar otros sectores:«En ropa y complementos los cazadores tienen un gasto anual de 225 euros; en animales auxiliares, 580; en seguros de responsabilidad civil, 49; por licencia de caza y armas, 140;por tarjetas y acciones de coto, 2.306 euros; por desplazamientos, 2.425; en hostelería y restauración, 494 como mínimo;en veterinarios, unos 580; y 175 euros en taxidermia». Es decir, cada cazador moviliza cerca de 7.000 euros al año, por lo que «en caso de que se prohibiera, muchos sectores se verían afectados», alerta. 

Además de los datos económicos, la portavoz de la Junta en Soria recuerda que «la caza es la mejor herramienta que tenemos para la conservación, la gestión sostenible y el fomento de las especies cinegéticas y, sobre todo, para proteger y mantener todos los equilibrios ecológicos de forma natural mediante un aprovechamiento racional y ordenado de todos los recursos». Y, en este sentido, recuerda también que «contribuye al control sanitario de la fauna salvaje y, por ende, a la sanidad de la cabaña ganadera e, indirectamente, de las personas y la salud pública». Ejemplifica este argumento recordando que en países como Bélgica «se ha pedido ayuda a los cazadores para combatir la  expansión de la peste porcina a través del control de los jabalíes». Además, «la caza supone reducir los riesgos de la seguridad vial», relata. Cabe recordar que el año pasado hubo 1.589 accidentes por animales en las carreteras de la provincia, un 28,3% más que en 2020, según los datos de Tráfico.  

En su lista de argumentos en defensa al sector añade la importancia de la caza «para paliar los daños a los cultivos agrícolas y agroforestales ocasionados por las especies cinegéticas» y recuerda que «en 2018 Agroseguro abonó casi 1,4 millones de indemnización». Apunta también a la importancia del control cinegético para garantizar «la conservación de las especies no cinegéticas y, sobre todo, de las más vulnerables cuyo hábitat y desarrollo se vería comprometido». 

Consciente de que es un sector en el punto de mira, recuerda que la legislación de la Junta en materia de caza está «respaldada por dos sentencias favorables del Tribunal Supremo (mayo de 2020) y Tribunal Constitucional (octubre de 2020)». 

Precisamente para evidenciar el potencial del sector, este viernes arranca en Almazán la XVIII feria Venalmazán, con un centenar de expositores y la presencia de la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.