Los dos gobiernos que conviven en un mismo Ejecutivo, de manera de nuevo atropellada, se han lanzado a conquistar para sí lo que acaso ambas partes piensan que es un pensamiento de la izquierda. Y, así, han propuesto despenalizar la apología del terrorismo y las injurias al jefe del Estado y a los símbolos de ese Estado. Porque en el fondo de mucho de los que nos ocurre y de lo que no nos ocurre a los sufridos españoles radica en la pugna por hacerse con el control mayoritario del pensamiento de izquierda y, en el otro lado, del de la derecha. Y eso está impidiendo el gran acuerdo transversal que tanto precisamos.

Y conste que esa despenalización, en un momento en el que se delibera sobre el ingreso en prisión de un rapero, Pablo Hasel, me parece procedente, siempre que se haga con las prudencias que corresponden. No se pueden confundir las injurias a un personaje público ni con las calumnias -que sí son sancionables penalmente, faltaría más_ ni tampoco con la mala educación y las groseras formas que de manera tan patente evidencia el señor Hasel. Puedo despreciar sus modos y maneras, pero no le quiero ver en la cárcel, ni a él ni a esos tuiteros descerebrados que bromean sin el menor talento sobre cuestiones que, a mi entender, admiten poca broma.

Es el nuestro un país azuzado por la demasía política, en no pocas ocasiones practicada desde algún Ministerio o incluso desde alguna Vicepresidencia del Gobierno. Y tal demasía va bajando, degradándose aún más, por los escalones sociales hasta llegar a los Hasel de turno. Con todo, siempre pienso que hay que defender el derecho de la persona, incluso aunque se siente en el Consejo de Ministros, a expresar públicamente su opinión. Que lo haga en términos más o menos groseros, creyendo que eso es provocación --deberían leer algunos a Onfray, que es maestro en esas lides--, depende del talante, la educación y, sobre todo, del talento de quien trata de provocar o, simplemente de alcanzar la gloria efímera de un titular.

A mí, mandar a la cárcel a Hasel o al tuitero metepatas o a los que ponen en marcha un guiñol que los niños no entenderán por su procacidad, me parece inconveniente. Lo mismo que arrestar y enjuiciar al que quema una bandera o un retrato del Rey: prefiero hacerles comprender lo pueril de tales gestos, la falta de dialéctica que suponen. Lo de ellos no es cuestión de Código Penal -ya sé que en otros países democráticos estas cosas se castigan--, sino de Ley de Educación. Quien recurre al exabrupto evidencia muy serias carencias de comunicación en una sociedad civilizada. Son incapaces de entender la máxima volteriana según la cual 'yo, que aborrezco el pensamiento de usted, daría la vida para que pueda defenderlo libremente'. Francamente, me dan pena y no quiero enaltecerlos como víctimas de una libertad de expresión que ellos no conceden a los demás, a los que aceptamos las reglas éticas y estéticas, liberales en el mejor sentido de la palabra, que rigen un Estado de Derecho.

Así que por una vez me voy a permitir elogiar una iniciativa del Gobierno, perdón dos iniciativas de las dos caras (opuestas) del Gobierno. Lo malo, ya digo es que tales iniciativas se producen en medio de un rifirrafe por ver quién conquista más banderas de lo que teóricamente ellos consideran la izquierda, y lo mismo ocurre en el campo de la derecha. Como si eso de dividir al mundo en diestra y siniestra no fuese casi, en estas circunstancias y en estos tiempos que vivimos, una tonta réplica de un pasado que se va cuarteando en otros muchos fragmentos. Cuando, ya digo, lo que vamos necesitando de manera urgente es un gran pacto para hacer frente a esas dos Españas que nos están helando, cada día más, el corazón. Y, la verdad, no va a ser un tipo como Pablo Hásel, o como su tocayo Iglesias, quien logre dividirnos en mayor medida, si cabe.