No es necesario un sesudo análisis económico o monitorizar el precio de miles de productos. Cualquier persona que vaya al mercado, a su comercio de confianza o a un supermercado a llenar el carro ha comprobado en carne propia que la inflación ha hecho presa de los bienes de primera necesidad y que ninguna de las medidas aprobadas por el Gobierno ha servido para invertir esa tendencia. El dato ya está ahí, frío, como le es propio. Más de un 15% en un solo año. Eso es lo que, dicen los indicadores, se han encarecido, en suma, la carne, el pescado o la fruta, alimentos que, al entender del Ejecutivo, no son de primera necesidad y, por tanto, no son susceptibles de una reducción del IVA.

Es relevante insistir en que la inflación está actuando como gran aliada de las arcas del Estado, que encuentran un nutriente mil millonario con el que sufragar el incremento del gasto público, y aun así la deuda pública se va por encima del billón y medio. Como remate final, los tipos de interés. Millones de familias van a quedar atrapadas, si no lo están ya, en una espiral de deuda que va a multiplicar el coste de su hipoteca, al tiempo que reduce la cantidad amortizada con cada pago. Es una tendencia perniciosa y tremendamente preocupante que puede desembocar en una súbita interrupción del consumo, y entonces lo que se logrará no será contener la inflación, sino abocar a las economías más expuestas, y la española lo está, a una potencial recesión. La previsión de crecimiento económico para el 2023 se mantiene en torno al 1,5%, lo que salvaría los muebles en el corto plazo, pero el daño a las economías familiares en los tres frentes que más daños hacen (hipoteca, cesta de la compra y gasto energético) no va a salir gratis. Antes o después, las consecuencias se van a manifestar con toda virulencia.

Tan preocupante o más que el diagnóstico es la respuesta del Gobierno, inserto en guerras intestinas que lo desangran y que tienen en el caso de la ley del 'solo sí es sí' el exponente de turno. Si los precios no bajan, han insinuado con escaso disimulo desde algunos sillones del consejo de ministros, es porque los distribuidores se lo llevan crudo. Nada tiene que ver que la inflación, que en su epígrafe general vuelve a subir y a rozar el 6% en enero, afecte a todos los procesos de producción. Tampoco que el citado IPC tire de los costes laborales, con el agravante de que encima esos costes no cubren el encarecimiento de la vida. Más problemas para las familias, que asisten atónitas a un ceremonial político en el que lo importante es que nadie señale a quien tiene todos -y todas son todas- las credenciales para tomar decisiones que verdaderamente tengan un impacto positivo en las economías domésticas. Así nos va.