Un total de 1.254 personas fallecieron en Castilla y León en lo que va de año en las listas de espera de la dependencia, de las que 1.227 estaban pendientes de valoración y 27 ya eran dependientes con derecho a resolución, tal y como ponen de manifiesto los últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales. Unos números que sitúan a Castilla y León en el grupo de comunidades con menor 'limbo de la dependencia' –personas pendientes de recibir prestación–, con un 0,15 por ciento, junto a Navarra, con un 4,1 por ciento, frente a Cataluña (31,8 por ciento), La Rioja (31,2 por ciento) y Canarias (27,5 por ciento) que lideraron la tabla. No obstante, la cifra de dependientes fallecidos en la lista de espera se encuentra por encima de Ceuta (15), Melilla (42), Navarra (148), Cantabria (324), La Rioja (400), Galicia (448), Baleares (666), Asturias (1.043) y Aragón (1.188).

La consejera de Familia,Isabel Blanco, achacó el hecho de que Castilla y León sea la comunidad autónoma con menor número de personas en listas de espera, a la reducción de plazos y papel, así como a la unificación de procesos y al trabajo conjunto y coordinado entre la Junta, las entidades locales y las entidades del tercer sector. En noviembre de 2021, las personas en lista de espera eran 167, el menor dato del país, según el informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

«Nosotros no teníamos lista de espera, pero eso no significa que no hayamos hecho nada con ese plan de choque», aseveró la consejera durante una entrevista concedida a Europa Press. En este sentido, se confesó «muy orgullosa» de los profesionales de Castilla y León, del diálogo y de la colaboración entre las diferentes administraciones, ingredientes que, según ha incidido, forman parte del «secreto del funcionamiento de los servicios sociales» en la Comunidad y «el que no lo valore así es porque lo desconoce».

No obstante, a pesar de los buenos datos, Blanco reiteró que la Consejería no ceja en su empeño por «seguir optimizando las aplicaciones informáticas y seguir implementando nuevos sistemas informáticos para seguir reduciendo, por ejemplo, el reconocimiento del derecho». Este último, con un plazo de reconocimiento efectivo que ahora se sitúa en dos meses y con el objetivo final de legislatura de reducirlo a los 30 días.

Menos agilidad

Por otra parte, la consejera de Familia, Isabel Blanco, participó en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, en la que se sometió a deliberación el proyecto del nuevo real decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. En el encuentro telemático, la consejera autonómica advirtió de que esta nueva normativa, de carácter básico, penaliza a Castilla y León, Comunidad que «destaca por ser una de las más ágiles en la tramitación de este tipo de expedientes, motivo por el que ha emitido un voto de abstención», expuso.