El pasado uno de este mes comenzó el plazo para que en el sector agrario, unos 665.000 agricultores y ganaderos presenten una solicitud única para acceder a todas las ayudas directas de la Política Agrícola Común previstas por la Administración para este año, que se elevan a 4.856 millones de euros. En esta solicitud se engloban las ayudas como pago básico, además de otras cantidades complementarias por el cumplimiento de las exigencias sobre el pago verde por prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, los pagos complementarios para los jóvenes agricultores que inicien la actividad en el sector y el régimen de las ayudas para los pequeños agricultores. La solicitud única contempla también los diferentes regímenes de ayudas asociadas, entre las que destacan las producciones ganaderas de vacuno de leche y de cebo, vacas nodrizas, de ovino y caprino, junto a producciones agrícolas como la remolacha, los cultivos proteicos como el girasol, las legumbres o los frutos de cáscara.
Con la misma fecha, se inicia igualmente el periodo para las solicitudes de pagos en los programas de desarrollo rural, básicamente atendiendo a superficies y ayudas ganaderas.
Al margen de las ayudas de la PAC, desde este mes se pueden llevar a cabo otras gestiones como la solicitud de los derechos de pago básico a la Reserva Nacional o la comunicación de cesión de ese tipo de derechos.
La PAC de 2022 constituye el segundo y último año del periodo transitorio en la aplicación de la PAC 2014- 2020 que se hubo de prorrogar ante la no aprobación a tiempo del nuevo marco financiero para la Unión Europea. De acuerdo con todo ello, aunque para este ejercicio se fijó un presupuesto en el marco del nuevo Plan Financiero, las condiciones para el cobro de las ayudas, desde los plazos de presentación a las prórrogas y otras exigencias, se mantienen prácticamente como en la campaña anterior. A pesar esto, hay procesos, como el de la convergencia de ayudas, en el que se introducen novedades para aplicarla de una forma más suave y sobre los derechos del pago básico.
En relación con los procesos de convergencia de ayudas por los derechos de pago básico, en 2022 la Administración ha seguido ese camino en el marco de lo acordado en las negociaciones para elaborar el Plan Estratégico. De acuerdo con todo ello, para 2022 se contempla que los derechos de pago básico cuyo valor unitario sea inferior al valor medio regional en este periodo, se incrementarán en una décima parte en relación con el valor medio regional, financiándose ese incremento con una reducción lineal de los derechos de esa región que se hallen por encima de la media. En ese contexto, ningún derecho de pago básico tendrá este año un valor unitario inferior al 73% del valor medio regional. En 2026 ningún valor de un derecho de pago básico deberá ser inferior al 85% del valor medio de la región, para llegar al 90% en 2027 y al 100% en el año 2029.
A partir de 2023 la ayuda básica a la renta se concederá sobre la base de los derechos individuales de pago que estén asignados a cada beneficiario al finalizar el ejercicio de 2022, según se contemplaba en la Conferencia Sectorial del pasado mes de julio. Desde esta perspectiva, desde medios oficiales se alerta a los beneficiarios de las ayudas de la PAC en este capítulo sobre la necesidad de que tengan activados en este ejercicio sus derechos de pago básico correspondientes a los años 2021 y 2022 ante el riesgo de perderlos. Igualmente juegan en este mismo campo políticas que lleven a cabo los solicitantes en materia de cesión de derechos a efectos de las ayudas en la nueva PAC a partir de 2023.
En el último año de prórroga y de transición de la Política Agrícola Común, las miradas de la Administración ya se hallan plenamente puestas en el diseño para la aplicación de la nueva reforma con el Plan Estratégico ya emitido a Bruselas y sobre el que se espera una respuesta en los próximos meses. Su ejecución requerirá elaborar diferentes disposiciones para encajar las importantes novedades contempladas en la nueva reforma, entre las que destaca la implantación de los ecoesquemas con unos recursos de 1.107 millones de euros, el 23% de los fondos para los pagos directos, así como la aplicación de la política redistributiva para las primeras hectáreas de una explotación, algo que sigue sin definirse.
En esta línea, el Ministerio de Agricultura ya tiene a consulta pública un borrador de anteproyecto de ley por el que se fijan las normas para la implantación del sistema de gestión de la Política Agrícola Común en España para el próximo periodo en virtud de la política de subsidiariedad que contempla la Comisión para con los Estados miembros basada en dar más competencia a los países a la hora de aplicar la PAC en función de su situación y de sus necesidades específicas. Pero siempre con la mirada puesta en lograr tres objetivos: fomentar un sector agrario más moderno y competitivo que garantice a futuro la seguridad alimentaria; proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático; y fortalecer el tejido socioeconómico en el medio rural. Todo ello considerando además que la Comisión no solo vigilará el cumplimiento de las normas, sino, sobre todo, los resultados para medir la eficacia de la medida y evaluar la necesidad de su mantenimiento o supresión.
Esta futura norma ha sido denominada desde el sector como la Ley de Sanciones, en cuanto que en ella se hace un recorrido sobre exigencias, incumplimientos leves, graves y muy graves con penalizaciones y sanciones que van desde los 1.000 euros para las faltas leves a los 50.000 para las muy graves, además de reducciones en los pagos de forma parcial o total, para un año o para varios ejercicios. En la actualidad, las medidas de sanción son adoptadas directamente por la Comisión Europea.