Tras muchos meses de espera, las empresas castellanas y leonesas ya tienen sobre la mesa la primera convocatoria del Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) destinado al sector agroalimentario y que se financia con los fondos europeos Next Generation. Un programa que se anunció el 8 de febrero de 2022 para impulsar el sector a través de la modernización de la producción primaria, la transformación y la distribución de bienes, la digitalización de las pymes o la promoción de la sostenibilidad en la industria, y cuyo objetivo final es producir alimentos de mejor calidad.

Pese a que las empresas llevaban ya tiempo trabajando en fusiones y proyectos que cumplieran las condiciones de este Perte, no ha sido hasta el pasado lunes 23 de enero cuando se ha abierto la convocatoria para la presentación de iniciativas a la primera fase de las ayudas, que supondrán un desembolso de 510 millones de euros y que están destinadas al fortalecimiento industrial.

De esta forma, cada agrupación de entidades –que puede estar compuesta desde cuatro a sesenta miembros– podrá presentar un único proyecto tractor, que estará compuesto por un conjunto de iniciativas primarias individuales y en cooperación, a través de las cuales se cubren las actuaciones definidas en los bloques de competitividad, trazabilidad y seguridad alimentaria. Todos los primarios se deberán de encuadrar a su vez en algunas de las tipologías de proyectos de las líneas de investigación, desarrollo e innovación, así como de innovación en protección al medio ambiente y eficiencia energética que se definen en las bases.

En Castilla y León

De momento han trascendido pocos detalles sobre la empresas castellanas y leonesas que podrían participar en estos proyectos, más allá de algunas agrupaciones nacionales que ya han presentado sus iniciativas que ahora tendrán que plasmar en la solicitud definitiva antes del 28 de febrero. Ejemplos de ellos son la iniciativa La Digitalizadora Agraria, en la que participa Matarromera junto a otras bodegas, o 'Ecofood23', donde toman parte más de un centenar participantes de doce comunidades, entre ellas Castilla y León.

Desde el cluster Vitartis, la asociación que engloba a muchas de las industrias alimentarias de la región, ya han advertido que este Perte se convoca «en un marco alejado de la realidad económica actual», y lamentan la reducción del importe de las ayudas y la dificultad burocrática en la tramitación. Además, consideraron que el plazo de dos años para tramitar los proyectos tampoco parece muy extenso, ya que ven inviables algunos de ellos.

También desde la Junta de Castilla y León, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, había apremiado al Ministerio a convocar las ayudas del Perte, ya que algunas empresas habían tenido que demorar sus proyectos. Aunque el Perte es gestionado directamente por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Gobierno regional ha puesto en marcha un grupo de trabajo, coordinado por la directora de Política Económica y Competitividad, Rosa Cuesta, donde se realiza un seguimiento de las convocatorias a través de una consultora.

En términos globales, está previsto que el Perte agroalimentario genere un impacto global en la economía a nivel nacional de 3.000 millones de euros y una creación neta de 16.000 empleos. Está dotado con una línea de ayudas de 1.112 millones y se estructura en tres ejes, el primero de ellos el que se convocó el 23 de enero.