Este verano debería marcar un punto de inflexión en nuestra relación con el planeta. La sucesión de fenómenos meteorológicos extremos y sus nefastas consecuencias no han hecho sino adelantar las proyecciones del panel de expertos sobre el cambio climático, que ya advertían de una duplicación de la superficie quemada en el Mediterráneo en función del aumento de los gases de efecto invernadero. Son tantas las evidencias de que el calentamiento global provocado por la actividad humana está influyendo en los factores que condicionan el clima en nuestras latitudes, que sorprende escuchar discursos negacionistas del cambio climático, amparados bajo el paraguas de que falta ciencia, que en verano hace calor y que siempre ha habido sequías o incendios.
Mucho se avanzaría si hubiera un consenso sobre la gravedad del problema que se nos avecina, en vez de obviarlo de forma egoísta e insolidaria para obtener réditos políticos. Podríamos empezar a remar todos juntos y plantear cambios de calado tanto en el ámbito personal, en nuestro estilo de vida, como en el ámbito económico y social, en nuestro modelo de desarrollo. La crisis bélica y geopolítica añade más incertidumbre. La guerra en Ucrania y el uso estratégico del gas por parte de Rusia está llevando a algunos países a aprovechar todas las fuentes disponibles, incluido el carbón. Lo está haciendo Alemania y lo propone el PP en España. Una decisión que retrasaría la lucha contra el cambio climático y agravaría los problemas de calentamiento global.
España se encuentra en primera línea entre las víctimas del cambio climático. Lo hemos comprobado este verano con la sucesión de récords en temperaturas, sequía, incendios, etc. La tormenta perfecta en un país que carece de cultura territorial y de una buena gestión del territorio, poco adaptada a la situación actual y futura. Todo ello merece una reflexión profunda.
Es recurrente y resulta ya un tanto retórica la continua evocación a la España despoblada y sus múltiples secuelas. Difícilmente superaremos la seducción de esa oratoria si no se produce un cambio radical de estrategia hacia el medio rural, que venga acompañada de unas inversiones a su altura y unos cambios normativos adecuados a los problemas y las realidades actuales. Necesitamos un medio rural vivo, con capacidad para defenderse por sí mismo de los cambios y las amenazas, contando con el apoyo del resto de la sociedad.
Se ha hecho hincapié en la prevención y en los medios de extinción para afrontar las condiciones climáticas que nos esperan. Creemos que hay que prestar especial atención también a la planificación y a la sostenibilidad de los proyectos. La planificación territorial es fundamental. Seguramente sería necesario un gran plan agro-forestal de ámbito nacional, consensuado con las comunidades autónomas, ayuntamientos y actores implicados. Vivimos en una sociedad en la que solo se conserva lo que produce rentabilidad económica. Desde hace tiempo los montes no lo son. Quizá tampoco la ganadería y la agricultura sin las ayudas PAC. Al sector forestal se le atribuyen importantes funciones ambientales, económicas y sociales, pero muy pocas veces se habla de los medios que se ponen para que las cumpla. En el caso de la agricultura, los apoyos de la PAC han reconocido su contribución ambiental. Resulta paradójico que los montes no reciban el mismo trato. Se calcula que la relación entre las ayudas a las parcelas agrícolas y las ayudas al monte es de una a 45. 
En el medio rural es complicado encontrar un sector que garantice su supervivencia por sí mismo. Parece evidente que el aprovechamiento del medio debe ser el primer pilar. Ese aprovechamiento exige la integración y coordinación entre el sector agrícola y forestal, al que debería unirse el turismo y el apoyo a la implantación de industrias, sin las cuales sería difícil la subsistencia del sistema rural. Si el medio rural no está vivo, es complicado mantener su buen estado ambiental y mucho menos pretender mantenerlo desde fuera.
Sería interesante que hubiera un órgano que tuviera una visión integral del territorio, a la que se sometan todos los proyectos con aplicación en el medio rural. La gestión de este medio debería ser coordinada, cosa que no ocurre ni en Castilla y León, con consejerías diferentes, ni en el propio Estado, con competencias del sector forestal diseminadas. Un órgano en el que la despoblación y los efectos del cambio climático se tuvieran más en cuenta en las políticas desplegadas. 
La actual situación reclama, asimismo, una mayor atención a la sostenibilidad de los proyectos. Los recursos no son ilimitados, la emergencia climática condiciona cada vez más y por eso es necesario evaluar bien cada nuevo proyecto y establecer prioridades poniéndonos en el peor de los escenarios.