Se cumplen los peores pronósticos, llega lo que se veía venir: la catastrófica situación económica provocada por una catastrófica pandemia pero sobre todo por un catastrófico gobierno instalado en la mentira sistemática y el engaño.
Un gobierno que no tiene idea de gestionar aunque cuenta con un par de ministros que saben de economía … pero a los que el presidente deja de lado para asumir las propuestas de su socio de coalición, que impone políticas de imposible cumplimiento. Lo que se veía venir ha llegado con cifras que ponen los pelos de punta: el desempleo afecta ya a más de 4 millones de españoles, y los ciudadanos en situación de ERTE llegan casi al millón. Con la amenaza de que un porcentaje alto de ellos verán sus ERTES transformados en ERES antes de que finalice el año, lo que multiplicará la cifra de parados. Con el agravante de que la SEPE no acaba de solucionar sus problemas de burocracia, y parte de los que sufren una regulación temporal de su trabajo no reciben la parte salarial que les corresponde.
Hace días el presidente anunció en el Congreso que el gobierno destinará 11 mil millones de euros a ayudas para los sectores afectados por la pandemia. Espléndida noticia si no fuera porque la vicepresidenta Calviño no sabía nada y por tanto ha sido incapaz de explicar qué tipo de ayudas se van a ofrecer, a qué sectores, en qué condiciones … y de dónde saldrán los 11 mil millones de euros.
El futuro de España depende de los fondos europeos de reconstrucción, es lo único que permite mantener la esperanza en que saldremos de la precariedad actual. El problema es que no existe ninguna garantía de que el binomio Sánchez-Iglesias no intente hacer de su capa un sayo con la ayuda europea. Es muy significativo que no hayan querido hacer público hasta ahora el informe del Consejo de Estado, y solo han aceptado darlo a conocer por la presión del PP y en menor grado de Ciudadanos. Es demoledor: denuncia que el proyecto del gobierno no recoge el control sobre el reparto de los fondos, ni someterse a la fiscalización de las partidas, ni realizar los informes preceptivos, ni hacer pasar las subvenciones por el Tribunal de Cuentas, como es obligado. Pretendía el gobierno que solo fueran aprobados por el Consejo de Ministros. Querían hacer de su capa y sayo, manejar a su antojo unos fondos cuyo destino está perfectamente definido por Bruselas, y eludir además los mecanismos de control españoles.
Los fondos europeos serán la salvación y desde Bruselas llegarán las instrucciones precisas para que el destino de esos fondos no los decidan Sánchez e Iglesias. Menos mal que España es miembro de la UE …. De allí nos mandan dinero, y allí establecen a dónde destinarlo. Y, sobre todo, a dónde no, en función de intereses partidistas de los socios de gobierno.