Castilla y León alcanza los 10.000 efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que en Soria se sitúan en 650. Según datos de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, el aumento desde diciembre de 2017 a julio de 2022 es de un 13% en Soria, mientras que en la comunidad es de un 8%. En el caso de la Guardia Civil, se ha pasado de 472 a 499, con un incremento del 5,7%, mientras que la subida en la comunidad sería de un 5,1%.

En Policía Nacional, se pasa de 102 a 150 efectivos en casi cinco años, lo que supone un aumento del 47%, que en Castilla y León sería de un 15%.

Entre 2012 y 2017 se había producido un descenso sostenido de agentes en el territorio de la comunidad, con una pérdida total de 891 efectivos, un proceso que ha sido prácticamente revertido en cuatro años.

Este aumento progresivo de plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado impulsado por el Ministerio del Interior se ha producido también en el resto de España. En total, en España se ha alcanzado este verano los

154.535 agentes, 81.534 de ellos pertenecientes a la Guardia Civil y 73.001 a la Policía Nacional, rozando el máximo histórico alcanzado en 2011 y revirtiendo las 13.077 plazas que se habían perdido en años anteriores.

La recuperación progresiva de las plantillas desde 2018 ha sido posible "gracias a las sucesivas ofertas de empleo público convocadas por iniciativa conjunta del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Ministerio del Interior. Con la última oferta de empleo público, aprobada el pasado 24 de mayo por el Consejo de Ministros, son 18.872 las plazas convocadas para la Policía Nacional y la Guardia Civil desde 2018, siempre con tasas de reposición superiores al 100%".

Este proceso se enmarca en la política puesta en marcha por el Ministerio del Interior, que apuesta desde hace cuatro años por el aumento de los recursos personales y materiales de Policía Nacional y Guardia Civil y por la mejora de las condiciones y retribuciones para los agentes. Forman también parte de esta política el plan de infraestructuras de 1.000 millones de euros que se está ejecutando para la mejora de comisarías y cuarteles por toda España o la subida de las retribuciones con las que los agentes han visto aumentado su salario en más de 20% de media.