Existe una conciencia generalizada en España de que la sanidad pública ha pasado de una posición de liderazgo a otra de creciente deterioro desde la gran recesión de 2008, debido a la desinversión durante los años de la crisis. Entre 2009 y 2013 el gasto público per cápita en salud se contrajo un 10%. Los años siguientes se estabilizó y se ha recuperado a partir de 2017. En 2020, según datos del Ministerio, el gasto sanitario público ascendió a 90.317 millones de euros, que representa un 8% del PIB y una media de 1.907 euros por habitante. Para darnos una idea, ocupamos el puesto décimo en dedicación de PIB y el decimosegundo en inversión por habitante entre los países de la UE. 
El contexto internacional tampoco ha favorecido una evolución más positiva. La irrupción de la pandemia ha venido a agravar los problemas, que de cara a los ciudadanos se manifiestan en forma de largas listas de espera o déficits de algunos servicios, como el de la salud mental, en tiempos además de una gran incertidumbre. Asimismo, la competencia internacional por la mano de obra especializada, que también afecta al ámbito sanitario, ha supuesto la salida de miles de profesionales, que buscan mejores condiciones de trabajo, sobre todo en países de nuestro entorno. Todo ello en una encrucijada marcada por dos elementos que van a condicionar el devenir de nuestra sanidad en los próximos años: por un lado, la creciente demanda de financiación, derivada de la evolución de la pirámide de edades -progresivo envejecimiento, aumento de las enfermedades crónicas o incremento del gasto farmacéutico y en el ámbito de los cuidados-. Ya en 2020, 7 de cada 10 euros se destinaron a asistencia curativa, rehabilitación y cuidados de larga duración. Por otro lado, la necesidad de reemplazo generacional en la sanidad española, por el envejecimiento de las plantillas. Se trata de una necesidad biológica, que se irá acelerando en los próximos años. El estudio de demografía médica 2016-2018 para Castilla y León, realizado por el grupo de trabajo del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos era demoledor. El 46% de los médicos en activo tenían 55 o más años. Eso significa la contratación de cientos de médicos en los próximos 10 años, tan solo para restablecer el personal existente. Por eso no se entiende que haya tantas reticencias a la hora de invertir en recursos humanos y firmar mejores contratos y condiciones de trabajo a todo el personal sanitario.
Existen grandes diferencias entre Comunidades Autónomas. Castilla y León es la sexta que más porcentaje de su PIB dedicó a gasto sanitario en 2019 y la cuarta que más dinero invirtió por habitante, según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud. Han pasado 20 años desde la transferencia de competencias, recursos humanos y económicos, infraestructuras y servicios a las 10 comunidades autónomas que quedaban, entre ellas la de Castilla y León, con la salvaguarda de la igualdad territorial y la equidad en la asistencia sanitaria como principales objetivos. Sin embargo, el devenir del sistema está creando problemas de equidad en el acceso a las prestaciones. El modelo de financiación ha tratado de revisarse varias veces, pero a estas alturas el debate permanece todavía abierto. Un debate difícil por el contraste de criterios que defienden las distintas comunidades para lograr esa mejora de la financiación. La opinión pública corrobora esta realidad. Según la 'Encuesta de Percepción sobre la Sanidad en España', encargado por la Asociación IDIS en mayo de 2021, un 71,5% de los españoles consideraba que la sanidad no está adecuadamente financiada. En Castilla y León era de un 66,8%.
La gestión sanitaria en un medio como Soria, con un poblamiento disperso, escasamente poblado y además muy envejecido, no solo es cara, sino especialmente compleja. Esto hay que subrayarlo. Si además la enmarcamos en un contexto de competencia nacional e internacional por el personal sanitario cualificado, entonces se agrava más todavía. 
Pero el buen funcionamiento de la sanidad depende de múltiples factores que, en mayor o menor medida, implican a toda la sociedad. Desde la coordinación sanitaria del Ministerio o la gestión y nivel de organización, en manos de las CCAA, hasta la implicación de los profesionales o el propio comportamiento de la población.