La coordinación sanitaria debe proveer de recursos suficientes, acordes con las características y necesidades de cada Comunidad. Pero también la respuesta a algunos temas como las condiciones en la formación de los especialistas o el conflicto de derechos que se está planteando en muchos territorios, adonde no quieren ir determinados profesionales. ¿Hasta qué punto el estado debe formar personal cualificado, para que luego acabe ejerciendo en la sanidad privada o incluso en otro país, quedando muchos servicios públicos y territorios sin atender? Sería conveniente que esos profesionales pudieran ejercer en un destino uno o varios años, una vez concluida su formación.
La gestión sanitaria refleja, entre otras muchas cosas, la dotación de unos recursos adecuados. En una provincia como la nuestra, la administración sanitaria es compleja y costosa. Es tal el grado de despoblación y de dispersión de la población, que en ciertos aspectos llega a ser personalizada, puesto que hay que solucionar tratamientos y problemas de transporte individualizados. Cuando los recursos son escasos, los medios siempre se adecúan al nivel de la demanda y a la capacidad económica del país. No todo puede estar en todos los sitios. Esto significa que hay que gestionar traslados, tanto más largos y costosos cuanto mayor es el grado de especialización de la demanda. Desde la asistencia en el propio centro de salud, hasta el traslado a unidades de referencia en Burgos, Valladolid o incluso comunidades limítrofes. Este sistema complejo podría simplificarse y abaratarse con una mayor implicación de los profesionales y la colaboración responsable de los propios pacientes y de sus familiares. Esto no siempre se consigue, por desgracia, y se acaban prestando servicios particularizados y más caros. Con buena voluntad y un mayor compromiso, los problemas de desplazamiento podrían resolverse de una forma más razonable, liberando además recursos que se pueden necesitar para otros casos más graves, más allá de que las dietas para los desplazamientos realizados por el propio paciente debieran dignificarse. Por poner un ejemplo, ¿hasta que punto no es un abuso de los medios públicos el que un paciente pueda reclamar un transporte sanitario, situado a 40 km, para desplazarse a un centro de salud que está a 500 m, teniendo familiares, vecinos o amigos que podrían trasladarle? Quizá con una mayor disposición de los afectados y una mayor flexibilidad y coordinación del personal sanitario, podrían gestionarse mejor esos traslados sin gravar en exceso los perjuicios para todos los sectores implicados.
El compromiso de los profesionales, como ocurre en otros servicios básicos, es fundamental para el buen funcionamiento de la sanidad pública. Es difícil adentrarse en las cuestiones internas de los equipos de trabajo o en los comportamientos de los profesionales, siempre variados y a veces corporativos, de los que trascienden sobre todo el afán de algunos por ganar más dinero, trabajando por la tarde en clínicas privadas o consultas particulares, lo que puede derivar en distintos grados de implicación y resultados desiguales. Cabría plantearse si debería haber algún régimen de incompatibilidades en el personal de la sanidad pública, como ocurre con otros trabajadores públicos, y si se podría llegar a acuerdos para que algunos equipos esenciales no estén parados por la tarde en las consultas, cuando hay tantas listas de espera.
La responsabilidad de la población, finalmente, es también trascendental. No nos referimos solo a los temas de hábitos de vida saludables, relacionados con la prevención y la educación, que tanto tienen que ver con el buen estado de salud de la ciudadanía, sino al correcto uso de los servicios sanitarios. En esta provincia, en particular, la atención sanitaria ha pecado quizá de ser un tanto paternalista, que, a la postre, ha generado un tipo de ciudadano-paciente-dependiente que, al menor problema, aunque sea banal, acude al médico y exige pruebas costosas o una demanda del especialista. Si entre medicina de familia y enfermería se ven en Soria ciudad unos 45 pacientes al día por consulta, resulta que se atienden al año a más de 250.000 personas, sin contar las urgencias, es decir, cinco veces la población de la ciudad con sus pueblos asignados. Parece una cifra muy exagerada. También se pierden muchas consultas porque el paciente no avisa de que no puede acudir. Son situaciones que aconsejan un mayor esfuerzo en la educación y concienciación del paciente, cuya colaboración es esencial. Se podría fomentar la auto responsabilidad en la gestión de algunas tareas, como por ejemplo las bajas laborales de corta duración. También se arrastra una tendencia reiterativa al mal uso de las urgencias en los hospitales, que colapsan a veces las consultas en perjuicio de la asistencia a situaciones más apremiantes. Obviamos otros problemas como el de las residencias de ancianos, sin dotación de profesionales, o el de las mutuas, que suponen en ocasiones una dedicación extraordinaria del personal sanitario, sin olvidar la importancia que puede adquirir en el futuro la Inteligencia Artificial.