La decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirar el acta al ahora exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, al que el Tribunal Supremo condenó por un atentado contra un agente de la autoridad, incendió ayer los pasillos del Hemiciclo, donde se convirtió en el tema estrella del día. Las opiniones de las formaciones parlamentarios demostraron, una vez más, la polarización del Hemiciclo esta legislatura: PP, Cs y Vox apoyan la inhabilitación, mientras Podemos o ERC ven una injusticia y un ataque a la autonomía parlamentaria por parte de la Justicia.

A cuenta de la polémica por Rodríguez, PP, Vox y Cs reclamaron la reprobación de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por acusar de prevaricación al Supremo. Los de Santiago Abascal denunciaron «calumnias», mientras que los populares recalcaron que lo dicho por la líder morada «no puede quedar sin que ocurra nada». Coincidieron, además, los portavoces Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox) y Edmundo Bal (Cs) en que la condena contra Rodríguez era clara y no necesitaba de aclaración, por lo que afearon el «esperpento» de «intentar impedir» su cumplimiento.

En el otro extremo, Unidas Podemos remarcó que es el Tribunal Supremo el que vulnera la separación de poderes y pidió al juez Manuel Marchena que si quiere hacer política «se quite la toga y se presente a unas elecciones». En esta línea, acusaron a los socialistas y a Batet de haberse plegado a un «chantaje», por lo que insistieron en exigir la dimisión de la presidenta de la Cámara. El PSOE, sin embargo, volvió a respaldar a Batet, que tiene su «plena confianza» y dio los pasos «correctos», según subrayó su portavoz, Héctor Gómez. 

Entre tanto, socios habituales del Ejecutivo en la Cámara Baja como Compromís o ERC censuraron la judicialización de la política. Así, Joan Baldoví (Compromís) solicitó a Batet que reconsidere la inhabilitación, al tiempo acusó a los socialistas de plegarse a la presión de «las derechas».

Desde los republicanos catalanes consideraron que es «lamentable» y «un ataque a la separación de poderes» la retirada del acta por parte de Batet, aunque admitieron que no les sorprende porque creen que «el PSOE ha sido y todavía es cómplice de la represión» que sufren los independentistas. Para el PdeCAt la inhabilitación también es «injusta».