El grupo de normativa de la Comisión General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), que se reunió hace unos días, aprobó las condiciones del seguro de la uva para vinificación, cuyo coste se reducirá en más de un 20% de media en el conjunto de España, porcentaje que variará para cada explotación en función de la modalidad contratada.

Los asegurados de esta línea, junto a otras como la de cultivos herbáceos extensivos -cuya contratación se inicia el próximo día 1 de septiembre-, serán de los primeros en poder beneficiarse del incremento extraordinario del apoyo estatal a los seguros agrarios. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de junio una ampliación de 60 millones destinados a la política de seguros agrarios para reducir, de manera importante, los costes de explotación a los que tienen que hacer frente los agricultores año tras año.

Este abaratamiento en el coste de las pólizas fomentará que los viticultores que ya disponen de un seguro renueven la contratación y también favorecerá la incorporación de nuevos profesionales que quieran cubrirse las espaldas -y las producciones- ante fenómenos meteorológicos adversos que son cada vez más frecuentes. Las indemnizaciones pagadas por este concepto en el año 2021 ascendieron a cerca de 90 millones de euros.

Entre las modificaciones introducidas, destacan las subidas de precios que, a efectos del cálculo de las posibles indemnizaciones, se han aprobado para diversas variedades de uva dentro y fuera de las denominaciones de origen. En viñedos de producción ecológica, en concreto, los precios máximos del seguro se incrementan en un 8% sobre los precios unitarios máximos de variedades no cultivadas de esta manera.

Además, se ha atendido una reivindicación del sector en los últimos años y se ha elevado nuevamente el rendimiento máximo asegurable en el seguro de primavera (módulo P), modalidad que cubre, entre otros, el riesgo de pedrisco y el de helada de manera elegible. En la anterior revisión de la línea este rendimiento máximo asegurable se incrementó desde los 14.000 a los 16.000 kilos por hectárea; ahora se eleva nuevamente hasta alcanzar los 18.000 kilos por hectárea en el caso de la uva tinta y hasta 20.000 para la uva blanca.

Por otra parte, se ha acordado una subida de tarifas en algunas comarcas, particularmente en País Vasco y La Rioja, para corregir desequilibrios que se venían produciendo en la línea de uva para vino en estas zonas. No obstante, según informa Agricultura, el incremento de las subvenciones del Ministerio, así como los que puedan corresponder a las comunidades autónomas, compensará con carácter general el incremento de costes que se puedan producir en esos territorios. En este sentido, se estima que el coste que abonará el viticultor, una vez descontadas las subvenciones y aplicadas las subidas de primas previstas, descenderá de media en un 14% en La Rioja, cifra que no llega al 20% de media pero que será bienvenida.

Mejora de precios.

Por otra parte, esta semana se ha celebrado la reunión de la Mesa Sectorial del Vino, en la que el ministerio ha analizado con las organizaciones representativas del sector la campaña 2021/2022 y las perspectivas de la próxima temporada. En este encuentro se ha puesto de manifiesto el aumento de las salidas de vino tras el descenso que supuso para la comercialización la crisis derivada de la pandemia. Mientras, las existencias de vino y mosto a fin del mes de mayo son de 43,14 millones de hectolitros, un 6 % por debajo de la campaña anterior en la misma fecha. Asimismo, se ha resaltado la importante revalorización de los vinos experimentada desde noviembre del año 2021, al situarse en mayo del año 2022 su precio unitario un 17% por encima de la media  hasta alcanzar la cifra de 1,36 euros por litro.

Respecto a la nueva cosecha, el sector ha puesto sobre la mesa la incertidumbre existente por los efectos de la ola de calor que azota las zonas productoras, y que hace difícil sacar conclusiones respecto a la producción futura.

En el transcurso de la reunión, la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, ha informado del estado de tramitación de la normativa en desarrollo relacionada con la vitivinicultura. En este sentido, Orellana ha recordado que el Ministerio está inmerso en la tramitación del paquete normativo para la aplicación del Plan Estratégico de la PAC para España, una vez que ha obtenido de la Comisión Europea el visto bueno para su presentación.

La nueva PAC atañe tanto al régimen de autorizaciones de viñedo como a la intervención sectorial específica, conocida hasta ahora como Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) y que pasa a identificarse como Intervención Sectorial del Sector (ISV). Igualmente son importantes para los viticultores las intervenciones desacopladas relacionadas con pagos medioambientales (que se llevarán un gasto mínimo obligatorio del 5% de la Intervención Sectorial Vitivinícola, que contará con algo más de 202 millones de euros anuales) o la ayuda básica a la renta de sostenibilidad, cuyo desarrollo normativo inició el procedimiento de consulta pública el 21 de julio.