El presidente de Cecale y de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) Santiago Aparicio denunció hoy que, tras la aprobación hace cinco meses de las ayudas al funcionamiento a las empresas por parte de la Comisión Europea, el Gobierno no ha hecho “nada” para su puesta en funcionamiento, y dudó de que para el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tenga este tema como “prioridad”, ya que no existe un interlocutor claro para activarlas.

La Comisión Europea aprobó en abril las ayudas al funcionamiento cuyo fin es que cualquier empresa instalada en Soria, Cuenca o Teruel reciba hasta el 20 por ciento del importe de sus costes laborales totales (sueldos, salarios y seguridad social), es decir, una bonificación a la Seguridad Social.

Al respecto, Aparicio aseguró que los responsables del ‘lobby’ contra la despoblación, que logró constituir hace ocho años la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, se sienten como una “pelota de ping pon”, ya que han deambulado por distintos ministerios para exigir la puesta en marcha de estas ayudas aprobadas por Europa sin recibir una respuesta concreta a cuándo y cómo ponerlas en funcionamiento.

“Vamos y venimos a los ministerios. Desde el de Hacienda nos mandan al de Reto Demográfico, que nos vuelve a remitir al de Hacienda, que nos envía, a su vez, al de Seguridad Social. Después de cinco meses el Gobierno no ha hecho nada para activar las ayudas al funcionamiento de las empresas de Soria, Cuenca y Teruel y son una oportunidad única para nuestras provincias. Nos preocupa que después de todo el esfuerzo realizado y después de todo lo que ha costado conseguirlas se convierta en otra oportunidad pérdida”, reflexionó.

Aparicio, compareció hoy junto con los responsables de CEOE Cuenca y Teruel con motivo del octavo aniversario de la constitución del ‘lobby’ contra la despoblación y crear la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa (SSPA), y recordó que el grupo de presión se creó para lograr ayudas para las empresas de los tres territorios basándose en la menor competitividad de sus actividades por los mayores costes y el menor mercado. Asimismo, recordó que Europa aprobó estas ayudas para implementarlas entre 2022 y 2027 y se reconoció que estos tres territorios españoles necesitaban “un trato diferenciado”.

Ante la pasividad del Gobierno, solicitó a los empresarios, instituciones y a la ciudadanía a que hagan de altavoz y reclamen a los responsables políticos locales que presionen al Ejecutivo y que las ayudas estén en marcha en enero de 2022 porque “a las tres provincias les va la vida en ello”.

“Hemos dado cinco vueltas al mundo para lograr que la Comisión Europea aprobará estas ayudas y esperamos no tener que dar otras 15 para su puesta en marcha. Las tres patronales mantenemos nuestro compromiso con nuestras empresas y territorios y lucharemos para lograr un trato diferenciado para lograr reducir la brecha económica de las mismas”, alentó. 

Por su parte, la directora general de FOES, María Ángeles Fernández, señaló que para la puesta en marcha de estas ayudas se necesita de una regulación específica y los Presupuestos Generales del Estado deben incluir al menos una referencia a ello. Es por ello, que consideró que aún se está a tiempo, y exigió que se realice el trabajo administrativo o político oportuno.

El responsable de la Patronal castellano y leonesa también exigió que los Fondos de Recuperación lleguen a todos los autónomos y las pymes de Soria, Cuenca y Teruel, y recordó que las tres confederaciones trabajan para la puesta en marcha del proyecto europeo ‘5 for Rural’ para que los áreas afectadas por la despoblación se conviertan en territorios inteligentes e innovadores que generen nuevas oportunidades laborales.

Además, resumió que las tres CEOE trabajan para la ruralización de la normativa y que todas las leyes contengan una perspectiva de despoblación. “Es ilógico e injusto porque muchas veces la normativa que vale para una empresa que se ubica en una gran ciudad es lesiva para los territorios despoblados”, especificó, para reiterar que el objetivo es lograr que se haga efectivo la inclusión del impacto demográfico en las normativas de los diferentes gobiernos como ocurre con el impacto ambiental o de género”.