Función Pública acaba de poner los sueldos de los alcaldes en 2018 en boca todos. No seré yo quien sentencie a la ligera si me parece bien o mal la cifra que los alcaldes de nuestros pueblos y ciudades han decidido asignarse como salario, más aún teniendo en cuenta que la simple intención de pulsar la opinión de la calle a través familiares y amigos ha sido suficiente para comprobar que no cuentan con la aprobación popular. Así que para qué echar más leña al fuego... Sin embargo, sí me ha quedado cierta preocupación comprobar que sean 20.000. 40.000 o 60.000 euros sus ingresos, sea cual sea la cantidad, se considera poco menos que un abuso. Desgraciadamente, el descrédito de la clase política ha sido tal en los últimos años que hasta lo lógico, que es cobrar por desempeñar una tarea de responsabilidad, cuenta con el rechazo social. En mi opinión, injustificado. Pero es lo que hay.
¿Qué es lo que ha hecho que esto sea así? Posiblemente, que en la memoria colectiva está muy reciente el recorte de salarios derivado de la crisis de 2009 y los miles de empleos perdidos y, por tanto, de ingresos, que cientos de miles de ciudadanos sufrieron en su día a día. Y aunque han pasado diez años, que los supuestos autores de la crisis —los políticos— cobren un sueldo anual que la mayoría de los asalariados del país no lo llegarán a cobrar nunca, no ayuda a mejorar la imagen, lastrada además por la corrupción. Claro que, en términos generales, no se debería establecer ese paralelismo porque es confundir el tocino con la velocidad. Los alcaldes tienen un encargo ciudadano de mucha responsabilidad, mucho mayor de la que a la ligera se suele negar: crear el marco para la prosperidad del colectivo, que somos todos. De ahí que meter a todos en el mismo saco, negar el merecimiento de un sueldo tan solo desde el reproche genérico de que los políticos no hacen nada, que todos son iguales que y se lo llevan crudo, no es certero. Con esta defensa de la clase política me temo que no voy a ganar un máster de popularidad, pero es imprescindible no dejarse arrastrar, solo porque sí, por algo que no es tan real como se quiere creer.
Lo apropiado sería abstraernos de esa idea general y juzgar caso por caso. Lo demás no lleva a nada, sino a una retroalimentación constante en el desprestigio de la política que a la larga debilita también la credibilidad de quien juzga, que en este caso es la sociedad. Desconozco si el dinero que cobraron los alcaldes de Burgos, Ávila y Palencia —por poner tres ejemplos— en 2018, de acuerdo a los datos del Ministerio, lo merecieron o no. Mejor lo sabrán sus conciudadanos. El más elevado de Castilla y León fue el de Valladolid, Óscar Puente, con 75.000 euros, y los demás oscilan entre los 55.000 y 65.000. ¿Caros o baratos? Un alcalde puede resultar caro o barato en función de los logros y la mejora de su pueblo o ciudad. Productividad. Ahora bien, lo que sí llama la atención es que municipios de poco más de 1.000 habitantes los tengan con dedicación exclusiva y con salarios de casi 30.000 euros al año. Los hay, sí, y se ajustan a los límites legales, sí. No quiero prejuzgar porque incurriría en incoherencia respecto a todo lo anterior, pero casos de ese tipo son los que más daño hacen, los que no encuentran una justificación fácil en la ciudadanía. Quizá la tenga, pero cuesta.