De la visita de dos días a España del comisario de Justicia de la Unión Europea, el belga Didier Reynders, la conclusión que ha sacado el Gobierno a tenor de sus palabras, es que para resolver la crisis y parálisis en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial, que lleva casi cuatro años en funciones, es que lo primero que hay que hacer es renovar su composición con la ley actual y, posteriormente, proceder al cambio de la norma para que los doce vocales de extracción judicial sean elegidos por los jueces.
Tras esta declaración contundente de la autoridad europea se tendría que haber allanado el camino para que la renovación del órgano de gobierno de los jueces fuera cuestión de días, máxime cuando tras sus entrevistas con miembros del Gobierno y de la oposición dijo haber sacado la impresión de que ambos partidos le expresaron "el compromiso claro" de ponerse manos a la obra. Nada más lejos de la realidad tras las valoraciones realizadas desde uno y otro lado de los encuentros con Rynders. Por parte del negociador del PP, Esteban González Pons se trasladó la idea de que están dispuestos a mantener el bloqueo si no se cambia antes el modelo de elección, en abierta rebeldía a lo que pide el comisario europeo; y desde el Gobierno se apunta, además que no solo no se va a cambiar, sino que con el actual ya los jueces eligen a quienes quieren que les representen en el CGPJ. O sea, o han mentido a Reynders dándoles falsas expectativas, o el comisario europeo ha sacado una idea equivocada de la buena disposición al acuerdo. En definitiva, su visita, que pretendía ser un acicate para el acercamiento de posturas entre PSOE y PP, no ha servido para nada, salvo para que con ese pretexto el sector conservador del CGPJ dilatara aún más su obligación de nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, la otra derivada del bloqueo del CGPJ, que ha de resolverse en breve, todo bajo la amenaza de dimisión del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
Voluntaria o involuntariamente Reynders ha dado un nuevo argumento al PP para que se mantenga en su posición de bloqueo al señalar que sería bueno que España llegara la presidencia española de la Unión Europea, en el segundo semestre del próximo año con estos deberes hechos y evitar así cualquier tentación de comparar a España con Hungría o Polonia que se encuentran bajo la lupa de la Comisión Europea por la falta de independencia del poder judicial de los Ejecutivo de esos países. Aunque la situación no puede ser más distinta, el Gobierno no sale bien parado con la comparación y eso beneficia las expectativas de los populares que quieren amargar la fiesta europea a Pedro Sánchez, que ve en ella un medio de potenciar su figura internacional y de paso mejorar las posibilidades electorales de los socialistas.
En el fondo, el verdadero motivo para que no se renueve el CGPJ -el ministro Bolaños entregó a Reynders un escrito con las diecinueve excusas empleadas por el PP en los últimos años para no acometer la renovación- es que el PP, si gana las elecciones, tendría que convivir los próximos cinco años con un CGPJ de carácter progresista, y ellos saben muy bien las consecuencias de tenerlo en contra, y al menos tres con un TC en el que también los magistrados progresistas serían mayoría.