El Estado subastará este mes de octubre la adjudicación de 203 nuevos estancos... Y surgen las contradicciones. Esta es una acción criticada por organizaciones sanitarias y civiles que ven un afán recaudatorio y una contradicción con las políticas de salud por la venta de tabaco, mientras el sector defiende que es necesaria para seguir prestando un servicio público.

Esta será la primera vez en casi 20 años que se acomete una expansión de la red de estancos (la última convocatoria fue en 2003) y la adjudicación de las licencias se llevará a cabo mediante una subasta al mejor postor.

El Estado, que tiene el monopolio de la venta de productos de tabaco, justifica la «necesidad» de extender la red de expendedurías para adaptarse a los cambios demográficos y urbanísticos de las últimas dos décadas y para poder prestar este «servicio público» a las zonas «que no se encuentran suficientemente cubiertas».

La Unión de Estanqueros, la principal patronal de estos establecimientos en España (más de 13.000) llevaba tiempo pidiendo esta ampliación apelando a ese mismo motivo.

De una forma muy diferente piensan las casi 130 organizaciones nacionales e internacionales, sanitarias, civiles, de consumidores, medioambientales y de derechos humanos, entre ellas la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que han pedido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anule la subasta. Los firmantes de la misiva consideran que la convocatoria «tiene un fin meramente recaudatorio».

Entre otras cosas, observan que 30 de las nuevas expendedurías estarán posicionadas en zonas fronterizas con Francia, lo que ven como un movimiento para atraer compradores de ese país, donde la cajetilla de cigarrillos cuesta más de 10 euros.

La subasta «tiene un claro afán recaudatorio», afirma Raquel Fernández Megina, presidenta de otra de las organizaciones firmantes, No Fumadores, y quien abunda que los establecimientos cercanos a Francia también «fomentan la economía sumergida».

«Somos el estanco de Europa», asevera Fernández Megina, que apunta que muchos ciudadanos del país vecino cruzarán la frontera para comprar tabaco España y revenderlo. 

Unos largos tentáculos

La convocatoria de nuevos estancos también entra en contradicción con los compromisos de salud asumidos por el Estado español, como el de reducción del cáncer para 2030, acordado por la Unión Europea, según señalan las organizaciones contrarias a esta subasta.

Estas agrupaciones tampoco entienden que el Gobierno mantenga congelado el Plan Integral de Tabaquismo, consensuado con toda la comunidad de control de tabaco en España, mientras amplía la red de estancos, y entienden que si ha ocurrido así es porque puede estar interfiriendo la industria tabacalera.

«Lo único que podemos pensar nosotros es que la industria del tabaco está haciendo muy bien su trabajo, que tiene unos tentáculos muy largos y está consiguiendo interferir en las políticas de sanidad publica», expresa Fernández Megina.