El pasado 5 de mayo el Gobierno dio a conocer por fin el Plan de Reconstrucción, incluidas las fichas que contienen las reformas, con el que espera acceder a los fondos europeos. Desde entonces, son muchas las informaciones que se han ido publicando sobre su contenido, principalmente, el sablazo fiscal y económico que nos espera. Parece que no hay ni un solo impuesto que no se suba, además de todos los que aparecen por primera vez. Desde el Ejecutivo se han apresurado a matizar algunas de las propuestas que se han enviado a Bruselas.
Ya comentamos aquí la semana pasada que intentan quitar hierro a la imposición de peajes o a la eliminación de la reducción a la tributación conjunta en el IRPF. Además, un día sí y otro también trasladan a la opinión pública que las subidas de impuestos, que alcanzan en conjunto los 80.000 millones de euros, tratan de acercar la fiscalidad en España a la que existe en otros países de Europa. Es un argumento muy viejo que, sin embargo, no se corresponde con la realidad si lo que medimos es el esfuerzo fiscal de los españoles, impuestos y cotizaciones sociales incluidas.
También está el Gobierno empeñado en vendernos que toda esta catarata de subidas no se pondrá en marcha hasta 2023, cuando se supone que la recuperación económica esté en marcha, lo cual no quiere decir ni mucho menos que la economía y el empleo ya haya recuperado el tono perdido durante la pandemia. El argumento además no me cuadra por dos razones muy básicas. Una, si el dinero de los fondos europeos, al menos la parte a fondo perdido, se quiere recibir cuanto antes, los planes de inversión y las reformas tendrían que ponerse en marcha cuanto antes. No hay que olvidar que todos los países deben dar su visto bueno para que se liberen los fondos y que éstos irán llegando paulatinamente según se vayan cumpliendo unos plazos establecidos.
Y, dos, y no menos importante. Si como nos ha anunciado el presidente del Gobierno las elecciones generales serán incluso después de que se celebren de nuevo autonómicas y municipales, es decir mayo de 2023, me extrañaría mucho que se convocaran elecciones generales nada más pegar a los ciudadanos un estacazo fiscal del que van a tardar tiempo en reponerse y dejar anunciada una imposición de peajes en todas las carreteras, medida impopular donde las haya.
Conclusión, o no es verdad que va a agotar la legislatura o las reformas y subidas de impuestos van a entrar en vigor antes de lo que está anunciado el Gobierno. La legislatura lleva ya 17 meses en marcha y, a pesar de que la vicepresidenta Díaz diga que acaba de empezar, tendrán que desarrollar lo comprometido en el plan y, sinceramente, no veo a socialistas y comunistas de aquí a las elecciones anunciando un día y otro, medidas que van a afectar a todos y no sólo a los ricos, como les gusta decir para despistar.