Con la aprobación el pasado 5 de octubre en el Senado de la Ley de la Memoria Democrática y su publicación en el BOE el 19 de octubre, el abogado Eduardo Ranz vuelve a la carga y ya ha presentado en el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe una petición formal para retirar del nombre del pueblo el apellido del general franquista. El abogado explica a El Día de Soria que en la nueva normativa la toponimia se considera «incumplimiento grave» y puede implicar sanciones de hasta 10.000 euros. «Lo que pedimos es que tomen medidas de establecimiento de la legalidad, que nada ayuda al avance social y de derechos de un país como España», insiste.
«Pronto la simbología de la exaltación de quienes cometieron crímenes contra la humanidad en España desaparecerá y será gracias a una ley democrática. Sin embargo, seguimos sufriendo en las carreteras de nuestro país, mapas o centros religiosos la simbología que recuerda el golpe sufrido contra la democracia , la legalidad republicana, la constitución y la voluntad de las urnas», denuncia contabilizando ocho municipios con nombres relacionados con el franquismo, entre los que se encuentra San Leonardo de Yagüe. Además, arremete contra territorios diocesanos con simbología franquista en edificios privados o religiosos pero con proyección a un espacio público (no hay ninguno en Soria), cuyos titulares y propietarios deberán retirarlos.
En aplicación de la nueva ley, conforme al fundamento establecido en el artículo 35 sobre 'Símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática', «serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial». La ley exhorta a que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adopten las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos. Considerada infracción grave, para fijar la multa se tendrá en cuenta la trascendencia del perjuicio para la conservación y recuperación de la memoria democrática, la cuantía del perjuicio causado, el grado de culpabilidad y la capacidad económica del infractor.
Precisamente esta semana, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, aseguró que la Ley de la Memoria Democrática «se va a cumplir en Soria, en Castilla y León y en todo el territorio. No hay otra alternativa en otro estado social y democrático de derecho». En cuanto a San Leonardo de Yagüe, manifestó que «se irán dando todos los pasos necesarios en esta y en otra cuestión para que la ley se cumpla en este país, porque algunas decisiones han pasado al ámbito judicial y allí es donde se han dirimido».
«Lo que garantiza el Gobierno es el cumplimiento de la Ley más allá de las cuestiones que se puedan dirimir en el ámbito judicial por una diferente interpretación que se puede hacer por las partes», apuntó. Así, ha querido «poner en valor la labor del Gobierno y del presidente Sánchez en favor de la memoria democrática del país». Además, destacó el compromiso del Gobierno y la importante labor con entidades locales y con asociaciones memorialistas para ir recuperando con las familias a todas esas víctimas».