Se hizo público hace unos días el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre el proyecto de ley que regulará el asunto del cambio de sexo, a través de la adopción de un género distinto al originario. El proyecto tenía algunos aspectos polémicos y discutibles y eso mismo hace que el citado informe, del que existía ya alguna referencia cuando aún estaba en fase de borrador, adquiera una notable importancia. En todo caso, es cierto que el informe no es vinculante y, por tanto, podría no ser atendido, sin que su desconocimiento tenga consecuencias jurídicas. Pero es igualmente cierto que ha sido aprobado por unanimidad del Consejo, circunstancia no demasiado frecuente en un organismo que a menudo lleva consigo la tacha de una excesiva politización, por lo que debería ser tomado con interés y, llegado el caso, considerado en lo que proceda, especialmente en algunos aspectos que piden garantías y sensatez para constatar que la "decisión trans" es una decisión madura y estable.

Propone el informe que la edad habilitante para una autodeterminación del género sea la de 18 años, que es cuando se alcanza la mayoría. Y acepta que entonces la rectificación del Registro Civil no exija más requisitos que la voluntad autónoma de la persona interesada, sin necesidad de otras comprobaciones psicológicas ni, mucho menos, de requisitos de alteración anatómica o somática. Y propone también que, por debajo de esa edad, y sin distinción de tramos, se exija una aprobación judicial, dictada tras un procedimiento en el que pueda comprobarse la voluntad efectiva y estable del cambio. Hay otras cuestiones de interés, como la conveniencia de regular algunos efectos de la decisión, por ejemplo, en relación con la violencia de género, donde tiene relevancia el género del agresor y de la víctima, o con actividades que exigen alguna aptitud física, o con las competiciones deportivas. Y hay también una opinión favorable, siempre que haya consentimiento de la persona afectada, a la aplicación de "terapias de conversión", que el proyecto prohíbe sin más.

Así que hay en el tema aspectos razonables y discutibles, y sería bueno pensarlo con rigor y sin posiciones de descalificación a priori. En alguno de los ámbitos que defienden el proyecto de ley a ultranza, alguien se apresuró a calificar el informe como fruto de la transfobia de sus autores. Tal vez olvidó que la peor fobia es la que impide debatir las ideas.