Editorial

Crisis de valores constitucionales en el aniversario de la Carta Magna

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La Constitución Española de 1978, la norma básica sobre la que se articula la necesaria integridad del país y sobre la que se construyen los derechos y las obligaciones de los ciudadanos españoles, cumplió este viernes su 41 cumpleaños, y lo hizo en un aniversario que coincide con la mayor crisis de valores constitucionales conocida en la etapa democrática.

Resulta paradójico y cuestionable que la época contemporánea en la que se ha fomentado la construcción de un país de libertades y garantías tenga tantos y tan beligerantes detractores, mientras otros siguen con sus vaivenes, como Podemos, que otros diciembres celebraban actos republicanos paralelos en el Día de la Constitución, y este viernes abrazaba la Carta Magna, quizás viendo tan cerca el poder prometido y ansiado.

Aunque la inmensa mayoría de ciudadanos reconocen la Constitución y los valores que la propia Carta Magna encierra, se ha dado la circunstancia de que el último Parlamento dibujado es el que cuenta con más grupos y diputados independentistas y críticos con la Constitución en la historia democrática española. Tal y como se ha advertido en esta festividad nacional, es la primera vez desde 1978 que el número de diputados que forman parte del Congreso y que defiende de forma más o menos explícita la ruptura con España suponen el 10 por ciento de los escaños.

Y mientras sus esbirros y seguidores más radicales celebran la festividad de la Constitución en la calle quemando de forma impune ejemplares que representan la norma básica, los líderes políticos inundan las redes sociales, también de forma despótica, inoculando mentiras tendenciosas como el totalitarismo que encierra la Carta Magna.

Entre tanto, nadie mueve un dedo para hacer frente de verdad a esta situación, más allá de situarse en posiciones inamovibles, quizás confiando en que el rechazo constitucional solo lo manifiestan unos cuantos. Lo cierto es que lo hacen con demasiado ruido, y haciendo calar su mensaje entre los afines, y radicalizando la sociedad en contra inculcar la convivencia.

A la división del Parlamento, se da la circunstancia de que el escenario propicia, si no se quiere abocar a los españoles a unas nuevas elecciones, que los partidos soberanistas podrán ejercer un alarde de fuerza hasta el punto de ser influyentes en la gobernabilidad del país si las fuerzas constitucionalistas, inmensa mayoría de las Cámaras de representación, no dan pasos para elevar la salvaguarda del país por delante de las estrategias de poder de cada uno de los partidos y sus líderes. Parece que no son capaces los políticos de leer el hastío que esta situación está provocando en la mayoría de la sociedad española, a pesar de los múltiples mensajes que se vienen dando en las urnas en cada periódica convocatoria.



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