Nadie ha quedado ajeno a la Cumbre del Clima celebrada en Madrid. El grueso de la población, de  una forma u otra, ha absorbido lo expuesto en la COP25. Sin embargo, no tantos sorianos sabrán que su ciudad alberga desde hace casi 15 años la sede del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (Cieda), ubicado en el edificio de usos múltiples de La Presentación (plaza Bernardo Robles). La entidad, única de estas características en España, depende del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El Cieda surgió del Plan de Actuación Específico para Soria (PAES) y poco después encaró los peores efectos de los recortes. Consecuencias que aún hoy se evidencian en la propia dotación del centro, que solo cuenta con cinco trabajadores, y un director «circunstancial» desde 2012, Luis Alberto Fernández Regalado, que es el jefe del Gabinete Jurídico del Ciemat. Fernández Regalado habla (desde Madrid) de la trayectoria del Cieda, de sus proyectos y pone el acento en sus potencialidades.

El Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (Cieda) cumple en breve 15 años. Surgió con el objetivo de impulsar Soria tanto desde el punto de visto social como económico. ¿Cuál es el balance?

Por una parte, hay que destacar un balance positivo de este centro que cumple 15 años en torno a una disciplina como es el derecho ambiental, desconocida en la Administración General del Estado. Tampoco hay ninguna iniciativa que se dedique a ello específicamente, este es el único organismo. Por otra parte, se pone en Soria que es una de las posibles receptoras de inversiones para paliar el despoblamiento. Y, sin embargo, hay otra cara de la moneda y es que a poco de comenzar el Cieda vino la crisis y en un pimpollo como era el Cieda los recortes se cebaron más. Ha sido complicada la subsistencia del Cieda respecto a las previsiones iniciales.  

El Cieda se gestó como un proyecto ambicioso con la ubicación en el antiguo lavadero de lanas. Finalmente, el Cieda se localiza en un edificio de usos múltiples, cuya presencia se diluye en la ciudad. ¿Cree que debería proyectarse más su actividad?

No me cabe duda. Soy el director circunstancial del Cieda, aunque las cosas provisionales en la Administración del Estado tienden a durar muchísimo. El Cieda necesita de una estructura sólida y sería muy interesante que tuviera mayor visibilidad. Que estuviera o en el lavadero de lanas puede ser más o menos representativo, aunque sea importante para la ciudad, pero para nuestra actividad lo importante es tener masa crítica de personas y de medios. No estar en el lavadero de lanas es una de las manifestaciones de la crisis.

Ahora mismo hay solo cinco personas trabajando, que es poco, pero la producción científica que hacen es verdaderamente impresionante. Son muy vocacionales, su trabajo cunde por diez. Gracias a las personas que están trabajando, el centro tiene mayor visibilidad de la que la que le correspondería con una plantilla tan escasa. Son dos investigadores, una documentalista, un auxiliar que atiende la oficina y una persona que está haciendo la tesis vinculada con un contrato predoctoral. Hay que tener en cuenta que es una actividad científica, a pesar de tener carácter social, por eso son investigadores quienes realizan la labor fundamental.

Comenta que usted es director «circunstancial» del Cieda...

Llevo desde 2012, precisamente porque el Cieda sufrió una crisis grande y decidieron que desde Madrid, como jefe del gabinete jurídico del Ciemat que soy, dirigiera el Cieda. Es un verdadero privilegio, voy a Soria cuando puedo, me encanta Soria y, como digo, la gente que está trabajando en Soria son personas que están muy implicadas en el proyecto. Probablemente, lo que primero que hay que hacer es sustituirme, poner a una persona en Soria permanentemente, que tenga la cualificación adecuada. Esto es algo que necesitaríamos.

Cuesta que a Soria lleguen profesionales médicos, investigadores... ¿al Cieda le afecta igualmente?

Sí, sí, claro que cuesta, cuesta mucho. Pero lo que hay que hacer es un enfoque diferente. Ahí está, por ejemplo, el problema del Centro de los Alimentos, desde hace mucho tiempo, y ese puesto de director sí que está dotado en la RPT, pero no encuentran a nadie que quiera. Hay que poner encima de la mesa que es un problema generalizado de las ciudades pequeñas. Si se quiere realmente reforzar la plantilla del Estado en estos sitios hay que plantear soluciones imaginativas. Por ejemplo, en el caso del Cieda si el centro tuviera la masa crítica suficiente, si hubiera bastantes más personas de las que hay, sería un foco de atracción. Hay personas que, por encima de vivir en Madrid o en Barcelona, quieren desarrollar su trabajo y si es vocacional en derecho ambiental y saben que donde mejor lo van a hacer es en Soria, pues se irían a Soria a montar su vida. El horizonte sería Soria, siempre que al centro se le dote de prestigio y fuerza. Como es un centro único, se puede hacer. Si el Cieda estuviera suficientemente dotado habría muchos profesores universitarios que elegirían Soria para trabajar en el tema que les gusta. 

Si es un centro con prestigio, trabaja para la Administración del Estado, para toda la regulación del cambio climático, para que las entidades municipales y las comunidades autónomas se pongan las pilas y se puede colaborar a nivel internacional, tendrá suficiente atractivo.

¿Y qué dotación mínima necesita para conseguir ese impulso?

Es difícil predecirlo exactamente, depende de un análisis más exhaustivo de los proyectos en los que nos queramos involucrar. Puede ser desde duplicar o triplicar la plantilla hasta multiplicarla por diez. Si el derecho ambiental pasa a ser una disciplina esencial para la Administración General del Estado, podrían ser 50 o 60 personas, perfectamente. 

Es una decisión política...

Es una cuestión política y de poner el foco donde a uno le interesa. Si queremos una sociedad avanzada, moderna, ejemplar en muchos aspectos, el derecho ambiental tendrá que pasar a tener un peso específico enorme. ¿Cuántas personas trabajan en sanidad en España? Muchos miles. No digo que tengan que ser miles, pero si se considera una actividad esencial tendrá que haber mucha gente trabajando. 

¿En qué proyectos destacados está inmerso el Cieda?

Ahora mismo estamos metidos en dos proyectos, uno liderado por la Universidad de Alicante y otro por la  de Valencia, sobre temas de energía. Al formar parte del Ciemat tenemos una inclinación por los temas más próximos a la contribución de la energía al cambio climático y al medio ambiente en el sentido de buscar la mayor eficiencia. Se está haciendo una regulación específica sobre energías renovables y sobre el mix energético. Además, por ejemplo, participamos en el máster en el Campus de Soria en Forestales. Tenemos una revista diaria, que es nuestra joya de la corona, sobre derecho ambiental, es electrónica y gratuita. Es una revista que cada vez tiene más predicamento en el ámbito del derecho administrativo. Y publicamos también algunos libros que no son solo nuestros. Hace unos días hemos presentado en Soria el Observatorio de Políticas Ambientales, redactado por más de cien profesionales del derecho, casi todos profesores universitarios de España y parte de América. 

El abanico de competencias del Cieda es amplio: energías renovables, biodiversidad, cambio climático, montes y propiedad forestal..., ¿favorece que la sede esté en Soria para abordar algunas de estas materias?

Tenemos una cierta inclinación por  temas más locales. Estamos viendo  la importancia que tiene la globalización para la regulación del derecho ambiental, por lo que de poco sirve  se haga mucho en un sitio, si no se hace en otro, porque estamos interconectados. Lógicamente, en el derecho ambiental hay políticas más locales, más específicas, y tenemos guiños con Soria. Organizamos dos jornadas al año con la universidad. Abordamos una parte más legal y otra más divulgativa y científica en la que siempre hay temas locales. En la que hemos tenido hace unos días hubo  unos temas específicos de la ciudad y el medio ambiente, para ver las diferencias que puede haber en la lucha contra el cambio climático en las diferentes ciudades hubo un debate muy interesante entre lo que hace Soria, que es una ciudad fantástica, y lo que hace Madrid, por lo que participaron un técnico del Ayuntamiento de Madrid y un concejal del de Soria. Hemos hecho varias jornadas sobre el aprovechamiento forestal en la provincia de Soria, biomasa, micología... 

En Lubia el Ciemat cuenta con el Ceder (Centro de Desarrollo de Energías Renovables), ¿se producen sinergias entre el Ceder y el Cieda? 

Desde luego que sí. El Ceder es un centro fantástico, que tienen la suerte, lo digo con cierta envidia, de tener la masa crítica necesaria que se merecen, con más de 50 trabajadores, muchos especializados. Estamos en permanente comunicación, aunque nuestros ámbitos no son los mismos, porque en el Ceder se desarrolla una investigación de carácter aplicado y la nuestra es una investigación social, diferente. En algunos aspectos se pueden complementar y hemos tenido programas conjuntos, como un proyecto Life de la Unión Europea, liderado por el Ceder, en el que estaba el Cieda para analizar la regulación específica de la explotación de la biomasa como combustible y ver las barreras legales para la puesta en marcha de mecanismos de explotación.

Descendiendo a cuestiones locales, en Soria, en el municipio de Noviercas, se proyecta una vaquería con más de 18.000 animales que genera oposición en una parte de la ciudadanía. ¿En qué medida se recurre el derecho ambiental en estos casos por parte de la Administración? 

A nosotros no nos consulta nadie nada, desde luego. Las decisiones de este tipo son complejas porque sabemos que ya desde los primeros poblamientos romanos hay un impacto sobre el medio ambiente. Las actividades agrícolas, indudablemente, producen un impacto, pero generan una satisfacción para los seres humanos. Son temas delicados que hay que poner en los platillos de la balanza. Lo que sí hay que hacer, no sé a qué ritmo, en la medida en que las actividades sean contaminantes hay que acotarlas o incidiendo en mejoras técnicas. En esto podríamos ayudar.

Poco después de la creación del Cieda, la Junta aprobó el proyecto regional de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) declarado después inconstitucional. No se impidió la construcción a pesar de estar en los tribunales. ¿Hasta qué punto prima el derecho ambiental en estos casos? 

Por lo que tengo entendido ha sido, precisamente, la aplicación del derecho ambiental lo que ha permitido paralizar algo que pretendía burlar las normas medioambientales. Tenemos muchas normas medioambientales y muy buenas, casi todas procedentes de la Unión Europea. Lo ideal sería que las instituciones no las incumplan y eso se logrará el día en que los propios ciudadanos cumplan verdaderamente lo que está previsto en el Convenio de Aarhus que es la participación ciudadana, el derecho a la información y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. La participación es esencial, por lo tanto este tipo de políticas no es cuestión de un gobierno, es algo de todos, a todos nos afecta de una u otra manera. Cuando seamos conscientes de que esto nos afecta no vamos a permitir ni una. Si hubiera más conciencia habría más participación.

¿Hasta que punto se puede ‘obligar’ a la ciudadanía a ser más responsables con el medio ambiente?

No creo que sea una cuestión de obligar, porque cuando se obliga no rinde, es cuestión de concienciar. Hay cosas que son evidentes. Cuando una persona está en un pueblo, por ejemplo, si tienen o no ambulatorio afecta a todo el pueblo y todo el pueblo pelea por ello. Esto puede darse en los temas medioambientales, de tal manera que cuando comprendamos que esto nos afecta de forma directa en nuestra forma de vida estaremos mucho más vinculados con las decisiones que se tomen y exigiremos a nuestras administraciones públicas que sus propuestas sean conformes a lo que queremos. Hace falta consenso en cómo hay que actuar.

En Madrid se ha celebrado la Cumbre del Clima, en la que ha participado el alcalde de Soria, Carlos Martínez, para hablar de  ‘Soria, ciudad climáticamente neutral’. ¿Le parece una buena definición?

Me parece bien, sí. En realidad de lo que se trata es de que cuando hablamos de producción de energía de cualquier tipo siempre genera impactos y hay que intentar que sea lo menos posible. Se dice, creo que es un gran verdad, que la mejor energía es la que no se consume. Dentro de la producción de energía tendríamos que ir abandonando progresivamente los combustibles fósiles y rapidito, dando paso a las energías limpias que nos permita una vida más sana en todos los aspectos. Una ciudad como Soria tiene una gran ventaja, se pueden controlar mejor los niveles de contaminación.  

¿Qué papel juega el derecho ambiental en un evento como la COP25?

Tiene un peso grande. Hay un punto esencial y es que en una reunión de estados es posible que se llegue a un acuerdo internacional para paliar el cambio climático. Pero lo que hacen falta son instrumentos que sean obligatarios y para eso necesitamos una institución internacional que tuviera poder sobre los propios estados sobre su comportamiento medioambiental. Esto supone un cesión de soberanía a la que no están dispuestos. Es esencial que sea deje de ser una cuestión voluntaria, tiene que haber alguien detrás que dicte las medidas y que sean obligatorias.

Madrid Central ha confrontado a formaciones políticas, ¿en qué medida el derecho tiene que poner coto a estos vaivenes ideológicos?

La defensa del medio ambiente no debería estar en la lucha política. Madrid Central es irreversible, disminuir el número de vehículos del centro de un ciudad es irreversible. Hay más de 300 casos en Europa. Las ciudades se expandieron cuando no teníamos conciencia de que hay dos o tres coches por familia y esto es intolerable, imposible de mantener. En el caso concreto de Madrid Central ha sido precisamente el derecho ambiental lo que ha paralizado su reversión, porque es un mandato de la UE que hay que reducir la contaminación de las ciudades. Se puede criticar si se ha hecho bien o mal, pero, sin lugar a dudas, algo hay que hacer.

Tenemos encima las consecuencias del cambio climático, pero parece que las medidas se adoptan a paso de tortuga...

Coincido. Está encima de la mesa de los investigadores del mundo, han puesto el dedo en la llaga, hay un problema serio suficientemente identificado, las conclusiones que vamos viendo son negativas... estamos violentando la naturaleza y creo que el derecho ambiental debe jugar un papel esencial en esto. Sería interesante que a través de la participación de los ciudadanos empujáramos a nuestras instituciones y gobiernos, a todos.

Desde el ámbito académico, en las Facultades de Derecho, ¿se promociona el derecho ambiental?

Creo que sí. Las universidades son conscientes de por dónde van los tiros en el ámbito jurídico. Cuando yo estudié derecho administrativo había un curso general y otro en el que se incluían las regulaciones específicas: leyes de suelo, contaminación atmosférica, aguas, urbanismo, paisaje, ruido... todo estaba regulado sectorialmente y la suma es el derecho ambiental. Ahora hay algunos másteres, profesores se han especializado, está el Observatorio de Políticas Ambientales coordinado por un catedrático de Zaragoza... ha ido cambiando, no sé si lo suficiente como para que haya una asignatura autónoma. Los abogados somos conscientes de que es una disciplina que va a más y en poco plazo tiene que explosionar.

Ha habido Ministerio de Medio Ambiente, se ha integrado en Agricultura, ahora es de Transición Ecológica... ¿considera que son firmes los pasos que se dan y parece que son carteras de segunda fila?

Hace unos 20 años que no se prescinde, se llame como se llame, de ese área de gobierno está cada vez más fuerte, hay que dotarla de más recursos, darle más peso político. Las políticas de medio ambiente no salen solo de un ministerio.

El Parlamento Europeo acaba de aprobar la declaración de emergencia climática. ¿Qué implica?

Es un aldabonazo, es un instrumento político que ha ido variando la nomenclatura: se ha pasado de un problema, a una crisis y a una emergencia climática. En muy poco tiempo hemos visto que el comportamiento del clima está cambiando radicalmente. Esto se tiene que plasmar en políticas y, sobre todo, somos los ciudadanos los que tenemos que empujar y decir lo que queremos y a lo que estamos dispuestos por mejorar el medio ambiente del país.