La Fiscalía Provincial de Soria ha incoado diligencias de investigación en el caso de Calderuela, según confirma la fiscal jefe, María Jose Burgos Monge, a El Día de Soria. La fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Soria, Sara Martin Escudero, asume la investigación, que viene «motivada» por la denuncia interpuesta por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, concreta Burgos.
Cabe recordar que la Delegación denunció el pasado 9 de abril ante la Fiscalía Provincial «determinadas actuaciones que pueden ser constitutivas de infracción penal contra el patrimonio histórico, por un presunto expolio en Calderuela, a fin de que se actúe en la comprobación y averiguación de los hechos y sus autores si se considera procedente», informaron en su día desde la Junta. La denuncia se produjo a raíz de un reportaje publicado en este medio en el que dos aficionados a la arqueología mostraban ciertos hallazgos que, según ellos, podían pertenecer a un ciudad celtibérica y a diversos asentamientos romanos.
Según la Delegación, la información publicada por El Día de Soria en la edición del pasado 8 de abril podría probar «la presencia en poder y posesión de particulares no autorizados de restos arqueológicos no registrados». En el reportaje, estos dos aficionados a la arqueología mostraban monedas, restos de hebillas, fíbulas... recogidos en el término de Calderuela en los meses previos y, según explicaban, otra parte de los hallazgos localizados en la zona habían sido entregados al Museo Numantino un año antes, sin obtener respuesta hasta la fecha. También indicaban que había hecho llegar al Servicio Territorial de Cultura un documento donde explicaban sus hipótesis sobre los hallazgos.
posible delito penal. Según concreta la fiscal jefe, los autores de los hechos podrían enfrentarse a un posible «delito previsto en el artículo 323 del Código Penal». Este, cabe apuntar, se refiere a los daños causados en bienes históricos, culturales o monumentos. «Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos», reza el articulado. «Si se hubieran causado daños de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes cuyo valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental fuera especialmente relevante, podrá imponerse la pena superior en grado a la señalada en el apartado anterior», recoge también el texto legal, que apunta también la posibilidad de que «los jueces o tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado».
Dado que las diligencias de investigación de la Fiscalía generalmente son de carácter reservado, por lo que por el momento no se pueda revelar información alguna sobre la evolución del caso, advierte la fiscal jefe.