No se ha conseguido todo lo reivindicado, pero parece que se abren claros en la tormenta que anegó al sector del transporte hace un año y que le llevó a la huelga. Empresas y trabajadores recuperan posiciones y, poco a poco, van saliendo del atolladero. Resulta presuntuoso decir que el colectivo saca músculo, pero sí ha conseguido cierta estabilidad. Tal y como explica el vicepresidente de la Agrupación de Transportistas Sorianos (Agrutranso), Juan Pablo Rubio,  la «realidad sigue siendo precaria» en algunos aspectos, si bien admite que «se ha mejorado respecto al año pasado» y pone de relieve que «no hay un mal clima» en el colectivo.

Uno de los factores fundamentales que han dado un respiro a los transportistas es la contención del precio del gasóleo profesional. Según la Confederación Española del Transporte de Mercancías a partir de los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el litro medio de gasoil se situó en 162,26 euros en febrero, mientras que en marzo de 2022 ya se disparó a 176,82 céntimos/litro, pero es que en junio alcanzó su tope máximo hasta los 203,52 céntimos/litro. La media del pasado ejercicio se elevó a 179,65 céntimos/litro (la media de 2021 fue de 124, 46). Desde otoño se han ido anotando sucesivas bajadas, aunque todavía lejos de los precios anteriores. 

Asimismo, el Gobierno mantiene para los transportistas el descuento de 20 céntimos por litro de combustible consumido, rebaja que se aplicará hasta el 31 de marzo, y que se reducirá a 10 céntimos por litro entre el 1 de abril y el 30 de junio. «Veremos qué pasa. Seguimos pensando que es un parche y que hay que estabilizar a la baja el precio de los combustibles [...] También nos pareció ridículo que la bonificación se aplicara a todo el mundo», sostiene Rubio. Cabe recordar que una de las reivindicaciones que llevaron al sector a la huelga (entre el 14 y el 25 de marzo de 2022) fue la rebaja del precio del gasóleo profesional y la creación de un fondo específico para compensar las fluctuaciones del mercado.

carga y descarga. Asimismo, el vicepresidente de Agrutranso pone de manifiesto que otra de las mejoras que han dado un respiro al colectivo es la prohibición de las tareas de carga y descarga de las mercancías a los conductores de vehículos de más de 7,5 toneladas, una vez que entró en vigor el Real Decreto 3/2022 aprobado en marzo. Esta nueva medida había sido muy demandada en el sector del transporte, pues al participar en estas acciones, a los conductores les restaba tiempo de descanso y en muchas ocasiones suponía un gran riesgo físico. Es decir, este trabajo lo deben realizar los cargadores y  los carretilleros, salvo en las excepciones que contempla la normativa (mudanzas y guardamuebles; animales vivos; porta vehículos y grúas de auxilio en carretera; vehículos cisterna; transporte de áridos, vehículos basculantes o provistos de grúa u otros destinados a operaciones de carga y descarga; y otros supuestos en los que reglamentariamente se garantice la seguridad del conductor).

«En la mayoría de los sitios ya no se realiza la carga y descarga. Es muy importante para los conductores. Y si ese trabajo, por lo que sea, se hace, se cobra», puntualiza Juan Pablo Rubio. Por lo tanto, se puede pactar que la empresa asuma estas tareas, pero nunca serán asignadas al conductor. «Era uno de los motivos que no hacían atractiva la profesión de camionero».

Mientras algunas peticiones de los transportistas se han ido resolviendo a lo largo de este año, han tomado fuerza otros caballos de batalla del colectivo como el pago de peajes en el País Vasco. En concreto, en enero en Guipúzcoa se puso en marcha en la N-I y en la A-15, también en la A-636 entre Beasaín y Bergara, la fórmula denominada 'free-flow', un sistema de arcos que registran la matrícula de los vehículos de forma automática. También Vizcaya y Navarra están instalando peajes. «En algunos tramos te obligan a salirte de la carretera nacional y meterte en la autovía. Se está negociando con el Gobierno no pagar o aumentar la bonificación [...] No es solo por ahorro, es una cuestión de seguridad», puntualiza el vicepresidente de Agrutranso.

Hay que recordar que el Gobierno aprobó limitar al 4% el alza de los peajes en once autopistas de pago en 2023 para mitigar el aumento de las tarifas del 8,4% por la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el efecto de las revisiones extraordinarias en tres de ellas. Así, la contención del 4% del aumento de las tarifas de 2023 que soportan los usuarios, se aplica en la AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9, AP-6 y AP-46. 

carreteras. En este sentido, Rubio resalta el «mal estado» de buena parte de la red viaria del país y la falta de infraestructuras, en particular, en la provincia de Soria. «Se trata de evitar accidentes», aduce.

Por otra parte, el representante de los transportistas sorianos apela a reforzar la formación de los conductores de vehículos pesados como una medida fundamental para paliar la falta de camioneros con la que se topan las empresas. «Durante mucho tiempo se ha demonizado esta profesión, cuando se gana un sueldo digno, los vehículos son más seguros y cada vez hay menos riesgos [...] La administración nos debería echar un mano para mejorar esa formación», considera Rubio.

nuevo convenio. Después de casi medio año de negociación, la patronal y los sindicatos alcanzaron esta semana un acuerdo para el nuevo convenio de transporte de mercancías por carretera de Soria, documento que se firmará el 11 de abril. El anterior había vencido en diciembre de 2021 y el que se suscribirá estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Los principales puntos acordados recogen una paga única de 300 euros para saldar atrasos, el aumento de dietas tanto nacionales como internacionales, un día más de vacaciones y la reducción de la jornada anual de 1.792 horas (32 horas menos). En cuanto a los salarios, el convenio tiene seis niveles retributivos: a los tres últimos se les sube el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con una diferencia de 45 euros entre ellos, una subida de más del 30% en 2023; y los tres niveles superiores, el 3% en 2023. Para todos los niveles, un 3,50% en 2023 y un 3,25% en 2025, informa UGT. Además, se incluye una cláusula de revisión por el que se incrementará un 1% más si el IPC de los años 2023, 2024 y 2025 supera las subidas negociadas.