Las iniciativas de varios grupos políticos en el Congreso de los Diputados para promover investigaciones sobre casos de pederastia en el seno de la Iglesia católica es la oportunidad para que la Conferencia Episcopal zanje un asunto que, por muchos años que hayan transcurrido según denuncian las víctimas, aún mancha la institución al no ser tajante en su mirada al pasado. Esto no quiere decir que los obispos hayan sido en estos años condescendientes con esta lacra que salpica a todos los sectores y ámbitos de la sociedad. Ni tampoco que no hayan sido diligentes cuando el papa Francisco interpeló y ordenó de manera universal un protocolo para ser intolerantes ante estos delitos.
Esta urgencia política por arrojar luz sobre los casos de la Iglesia quizá obedezca a una estrategia premeditada y como un rearme ideológico de determinadas formaciones políticas, entre ellas las que conforman el Gobierno, pero resulta conveniente afrontarla desde el mayor de los respetos, garantías y delicadeza para poner fin a la permanente deuda histórica que tiene la Iglesia con los afectados, por muy dolorosas, y económicas, que sean las consecuencias.
Sí parece apartada la decisión de sacar la investigación de la Cámara Baja para que no se convierta una supuesta comisión parlamentaria en un espectáculo mediático. También sería conveniente que la jerarquía eclesiástica, como han hecho otros países también con gran tradición cristiana, participe de manera transparente y activa para reparar como institución subsidiaria todo aquel daño que se demuestre de una manera fiable. Sólo así dejará atrás la sombra de sospecha sobre una organización a la que se juzga permanentemente.
Para poner negro sobre blanco es necesario recordar que los delitos de abusos sobre menores en actividades religiosas suponen únicamente el 0,2% de todas las que se producen, según un informe de la Fundación ANAR, que el lunes aplaudió la iniciativa, pero aconsejó, a su vez, que esta comisión de expertos amplié el foco de esta problemática a otros ámbitos, especialmente en la propia familia, sin olvidar los abusos de menores tutelados en Baleares, Valencia y Madrid.
Parcelar este tipo de iniciativas en una única dirección puede ayudar, sin duda, a destripar la forma en que se producían esos abusos y reparar justamente a las víctimas, pero puede alejar el foco de donde realmente se producen los casos y dificultar la prevención y los protocolos para conseguir minimizar las posibilidades de llevar a cabo este tipo de delitos. El Gobierno y el Defensor del Pueblo también tienen la oportunidad de amplificar las indagaciones a todos los sectores, aunque la Iglesia acapare, en un primer análisis, todo el peso.
Es acertada la decisión de sacar la investigación de la Cámara Baja para que no se convierta en un espectáculo mediático