La Junta de Castilla y León actualizará la Ley de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género con el objetivo de mejorar la atención y con el acento puesto en el medio rural. «El compromiso político y social de la Junta es irrenunciable», aseguró ayer la consejera de Familia, Isabel Blanco, que defendió que esta norma es la base para dotar a las mujeres víctimas «de una atención individualizada, unificada, inmediata, integral y profesionalizada, adecuada a las necesidades de seguridad y autonomía personal de cada una», y puso como ejemplo su apuesta por el sistema 'in, on y out' que «parte de la prevención, atiende y apoya a las víctimas y busca, como objetivo final, la recuperación de su autonomía para iniciar su propio proyecto de vida». De forma paralela, defendió la elevación a rango de ley del plan de prevención de la violencia intrafamiliar, como figura en el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, pues a su juicio, facilitará la prevención y detección de esta problemática «cada vez más creciente» y denunció un repunte de las agresiones de adolescentes a jóvenes. «Entendemos, por tanto, que esta ley es útil y necesaria para prevenir la violencia intrafamiliar, permitiendo su detección con mayor eficacia y rapidez», defendió la consejera.
Fuera ya de este ámbito, Blanco avanzó durante su comparecencia para explicar las líneas maestras de su Consejería durante los próximos cuatros la puesta en marcha de un «potente» paquete de medidas de apoyo a las familias que estará dotado con 50 millones, «un gasto sin precedentes» en este tipo de políticas. Entre las novedades, indicó que una de las primeras medidas será el incremento de las ayudas para la conciliación a través de la ampliación del 'Bono Concilia', que contará con una inyección de 10 millones. Intervención en la que Blanco presentó una hoja de ruta que marca un «rumbo cierto» para, dijo, «garantizar la protección, el apoyo y la atención a las personas de Castilla y León, especialmente a las más vulnerables», a través de una política sustentada en el diálogo.
En este marco, sostuvo que su departamento «analizará» la situación de la Renta Garantizada de Ciudadanía con el fin de «potenciar» su vinculación a un proyecto individualizado de inserción, «fomentando el carácter instrumental de la búsqueda activa de empleo». Así, en el apartado de familias, Blanco continuará con el trabajo iniciado la pasada legislatura con el 'Plan Familias', dirigido a las 300.000 familias con menores de 25 años de esta Comunidad, que movilizará más de 1.500 millones esta legislatura.
La responsable de Familia e Igualdad de Oportunidades también destacó la puesta en marcha a lo largo del año que viene de un nuevo servicio de conciliación para familias con menores con discapacidad que asisten a centros de educación especial.
Cinco nuevas leyes
Isabel Blanco lamentó que la pandemia retrasara el desarrollo de proyectos legislativos ya en marcha. De ahí que adelantara que en esta nueva legislatura se retomarían los trabajos respecto de estas normas, en concreto: la Ley de Atención Residencial, la de Apoyos al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad y la actualización de la Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de género, las cuales no llegaron a entrar en el Parlamento autonómico.
Junto a ellas, en la presente legislatura se acometerán las labores para dar luz verde a dos nuevos textos legales: la Ley de Derechos de las Personas Mayores y la de la ya mencionada violencia intrafamiliar. Además, en esta legislatura, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades asume las competencias relativas a la coordinación e impulso de la política de integración de los extranjeros inmigrantes. En este marco, la consejera habló incluso de desarrollar programas específicos de formación y cualificación profesional para que lleguen a Castilla y León «personas cualificadas para desempeñar su trabajo en el ámbito rural, contribuyendo a la lucha contra la despoblación, favoreciendo la creación de nuevos servicios y sirviendo de motor de dinamización y progreso económico».
Tercera edad
En lo referido a las personas mayores, explicó que extenderá a todas las provincias el programa 'Atención en red', en el marco del sistema de atención a la dependencia 5.0, que, destacó, pivotará sobre tres iniciativas: los proyectos 'A gusto en casa' y 'Viviendas en red', este último dotado con 3,6 millones, así como un nuevo modelo de atención residencial. Y es que la consejera reiteró la necesidad de aplicar al modelo de servicios sociales la «innovación y las nuevas tecnologías» mediante la introducción de medios en hogares y residencias y «favorecer la promoción de la autonomía personal», y recordó que el sistema de atención a la dependencia atiende a casi 110.000 personas actualmente. Por último, apuntó que durante esta legislatura se desarrollarán inversiones en los centros residenciales de titularidad propia para su modernización y adaptación al nuevo modelo.