Se ha dicho que la democracia es la dictadura de los votos. La formación de mayorías parlamentarias es la obsesión de los partidos políticos cuando se conocen los resultados electorales. Lo mismo pasa a la hora de aprobar cualquier iniciativa legislativa, como se ha visto en los últimos meses. La estabilidad y la tranquilidad que ha imperado en la política española durante las primeras décadas de democracia, ha dado paso, en este inicio de siglo, a un parlamento más inseguro y convulso. Varios factores confluyen para explicarlo. Quizá el más importante fue la gran recesión que siguió a la crisis de 2008 y su deficiente gestión en el conjunto de la UE. También hay que hablar de un cierto agotamiento del modelo de las democracias liberales de Occidente, de la influencia de la globalización, de un desencanto con los partidos tradicionales o de la irrupción de un nuevo nacionalismo que cuestiona las normas de la UE y las desigualdades creadas por un proceso de globalización sin reglas. Han surgido nuevas formaciones políticas que atienden a un electorado cada vez más complejo, en un entorno cada vez más complicado. También hemos asistido a aventuras independentistas, mientras al otro lado, como si fueran vasos comunicantes, se disparaba un nacionalismo español, que parecía relegado. El descontento ha llegado al ámbito regional y provincial, donde han aparecido partidos y plataformas de electores que han conseguido llegar a los parlamentos.
En la cámara baja aumentan los diputados de partidos independentistas que, con toda legitimidad, trabajan por abandonar algún día el Parlamento. También en las cámaras de las Comunidades Autónomas y, hasta ahora, en el gobierno de Castilla y León, están entrando procuradores y consejeros de Vox, que trabajan precisamente para acabar con el estado de las autonomías. No solo asistimos a un proceso de territorialización del Congreso, sino también a una progresiva inconsistencia de los distintos parlamentos, que hacen más problemática si cabe la gestión de las mayorías. Lo peor es que todo ello crea dependencias que pueden retroalimentar los procesos que las sustentan. 
Tradicionalmente, los partidos nacionalistas han contribuido a la gobernabilidad del Estado. Pero esto puede cambiar por la propia competencia entre los partidos nacionalistas. Si aumentan las contradicciones, nuestro sistema democrático puede acabar encontrándose con un gran problema. Las disfunciones por la creciente presencia de diputados que trabajan para un órgano en el que no creen o para el que solo esperan obtener determinados beneficios, no solo generan tensiones, sino que desvirtúan los debates y los procesos de toma de decisiones. Pese a que hay una mayoría de iniciativas que son aprobadas, utilizando la geometría variable, lo cierto es que los parlamentos se han convertido en un escenario para el espectáculo político de algunos partidos, donde prosperan los discursos mitineros, extravagantes, plagados de descalificaciones, exageraciones o desprestigio de las instituciones. El temor es que el desencanto, la crispación, los errores de gestión o las crisis externas sean capitalizadas por los extremos, agravando esas contradicciones.
Después de más de 40 años de rodaje democrático, en vez de caminar hacia un sistema más convergente y cohesionado, capaz de alcanzar consensos estables en multitud de temas de estado, tan necesarios por otra parte, parece que aumentan las trincheras, la lucha política desmedida y el impedimento a los grandes acuerdos. Superar este estigma constituye un reto todavía pendiente en la política española.