La Junta de Castilla y León ha tenido que echar una mano a 2.390 propietarios de una vivienda protegida de titularidad pública con una moratoria en el pago de la cuota mensual de la hipoteca o con una reestructuración de la deuda pendiente de amortizar durante los nueve primeros meses del año, un ejercicio marcado por las consecuencias de la guerra en Ucrania, que ha generado una elevada inflación.
Estas medidas, según la información de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio consultada por Ical, han supuesto un desembolso de 15,1 millones de euros para las arcas de la Comunidad. Además, la Comunidad ha adjudicado una casa a 762 familias en riesgo de exclusión social entre enero y septiembre, mediante una actuación singular, y le ha pagado el alquiler a otras 17, con un desembolso de 27.870,67 euros.
El departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones aplica también este año el paquete de medidas urgentes en materia de vivienda, una batería de intervenciones que nació en la crisis económica anterior y que se ha ido prorrogando. De hecho, la última está vigente hasta el 20 de diciembre de 2023, por lo que no será hasta el año próximo cuando la Junta y los agentes del Diálogo Social valoren su continuidad.
En concreto, la Consejería responsable de las políticas de vivienda dictó 1.807 resoluciones por un total de 7,52 millones para facilitar una moratoria en el pago de la cuota mensual de viviendas protegidas de titularidad pública entre enero y septiembre. De estas peticiones, 378 se solicitaron desde Valladolid; 287 desde Zamora; 286 desde León, 211 desde Palencia. Le siguieron Ávila (159), Salamanca (146), Segovia (137), Burgos (109) y Soria (94).
En el mismo periodo, la Junta ha emitido 583 resoluciones favorables sobre la reestructuración de la deuda pendiente de amortizar, lo que ha supuesto un importe total de 7,6 millones. La mayoría se pidieron desde Valladolid (141) y León (125), seguidas de Ávila (95), Salamanca (71), Burgos (63), Palencia (56), Soria (28) y Zamora (cuatro). En Segovia no ha habido ninguna petición en este periodo.
También se resolvieron 762 declaraciones de actuación singular, mediante las que se ha adjudicado una vivienda al mismo número de unidades familiares que habían sido calificadas por los servicios sociales «en riesgo de exclusión social». Fueron 222 en Valladolid; 119 en Salamanca; 87 en León; 84 en Zamora; 53 en Burgos; 51 en Ávila; 41 en Segovia, y 16 en Soria. Además, la Consejería estima que 2.554 familias se han beneficiado de la flexibilización de los requisitos para la compra o alquiler por personas con ingresos hasta 6,5 veces el IPREM.