La generación de los baby boomers, la más numerosa, la de los nacidos de 1957 a 1977... engloba a 27.123 personas en Soria y a 15 millones en España. Es el 30% de la población total en ambos casos y han comenzado a jubilarse. En la provincia este grupo de edad supera a los 20.239 de 25 a 45 años y los 22.441 de más de 65 años, que serían los actuales jubilados, una clara y preocupante desproporción que urge la reforma de las pensiones.
De esta manera, se sumarán en dos décadas 27.000 pensionistas, un 44% más de los actuales, lo que implicaría un aumento del gasto anual de la Seguridad Social de en torno al 39%, de 17,8 a 29,3 millones de euros. La media será de 1.350 jubilaciones al año, frente a los 838 de los últimos 20 años. La otra cara de la moneda es que al mercado laboral se incorporaría una media de 790 trabajadores, muy por debajo de los 1.000 de estos años. Eso teniendo en cuenta las cifras de población de Soria, sin contemplar los movimientos laborales.
Y es que la jubilación de esta generación se ha convertido en el reto socioeconómico de los próximos años, de ahí la necesaria reforma del sistema de pensiones en la que ya se trabaja, aunque con especial atención a los avisos de la UE. La primera parte entra en vigor en 2022, aunque queda la segunda por negociar con los agentes sociales (Plan de Estabilidad 2022-2025) con temas polémicos como el periodo de cálculo (base reguladora en 25 años o en 35 años con la opción de elegir los 25 mejores de la carrera laboral) y la financiación del déficit, entre otras.
Sin duda, la generación está abocada a una jubilación más allá de los 67 años en 2027, pero opcional, flexible y con menos horas en el último periodo, ante el temor de las futuras generaciones -X, Y (Millennials), Z, Alpha...- de tener que cargar con este peso después de que los gobiernos rompieran la hucha de las pensiones.El horizonte todavía es incierto porque si se producen ajustes y reducciones un alto porcentaje de personas de edad cercana a la jubilación no tendría ahorros suficientes, según los estudios respecto al tema.
El mecanismo de equidad intergeneracional es uno de los puntos de la primera parte de la reforma, aunque esta semana la Comisión Europea ha transmitido al Gobierno que no supone un ajuste de gasto lo suficientemente automático para moderarlo y poder hacer previsiones a medio y largo plazo de la sostenibilidad del sistema. Consistente en el incremento de las cotizaciones sociales de un 0,6%, (el 0,5% corre a cargo del empresario y el 0,1% de los trabajadores), se pensó para solucionar el coste derivado de la jubilación de los baby boomers para que no recayera en las nuevas generaciones de trabajadores. Además, se incluye la revalorización conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior. Endurece las condiciones de prejubilación con penalizaciones, aumentando los coeficientes reductores (entre el 2,8 y el 21%) en el caso de la voluntaria y aplicándose cada mes. Pero hay ventajas para los que retrasen su jubilación, eximiéndoles de cotizar por contingencias comunes, y la pensión aumentará un 4% por cada año de trabajo más o estableciendo un pago único según los años cotizados hasta 12.060 euros con una carrera de cotización superior a los 44 años y medio y un sueldo de más de 37.000 euros.
fondos. El secretario general de CC.OO.en Soria, Javier Moreno, hace una crítica a «los partidos que han estado en el Gobierno» por haber utilizado la hucha de las pensiones para financiar otra serie de gastos. «Ya se preveía que cuando llegaran a la jubilación estas quintas iba a haber un gasto extra porque eran muchos», por lo que se creó el fondo de pensiones en un momento de crecimiento económico, cuando se generaba empleo de calidad, con bases de cotización altas a la Seguridad Social y poco paro. «La intención era hacer frente a la situación que se nos avecina actualmente», insiste.
A partir de ahí, desde el sindicato apuestan por un sistema público de pensiones y la revalorización en función del IPC, «acorde con lo que sube la vida». Pero también hay que hacer «ajustes» en el sistema, como en financiación. «La ley permite que una parte llegue a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pudiéndose destinar a sostener el sistema», apunta, y se podrían financiar otros gastos que se pagan con las cotizaciones, como el personal funcionario de la propia Seguridad Social. Sobre las pensiones no contributivas y asistenciales (viudedad y orfandad), podrían salir del presupuesto.
Pero lo deseable para afrontar la situación es un mercado con «pleno empleo, con salarios y cotizaciones altos», apunta Moreno, instando a las administraciones públicas a apostar por ello. Destaca que la reforma laboral ha proporcionado «estabilidad» a los empleos y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que «en 2023 tendrá que llegar al 60% del salario medio del país, como recomienda la Carta Social Europea». Al tiempo, se trabaja por la subida de sueldos en la negociación colectiva. «Todos estos acuerdos han salido de la Mesa del Diálogo Social y contribuyen a la estabilidad de los trabajadores y la subida de salarios, porque a mayores cotizaciones, mayores ingresos en las arcas de la Seguridad Social y menos riesgos», incide.
Es un sistema «solidario» porque los que cotizan sostienen las pensiones y cuando éstos se jubilen tendrán que hacerlo los más jóvenes, «a los que meten miedo desde las propias entidades financieras para tener pensiones privadas». «Las clases trabajadoras deben tener claro que no nos podemos dejar engañar, porque la manera de garantizar una jubilación digna es tener una pensión digna, es una apuesta de presente y de futuro», añade. En cuanto al numeroso grupo de trabajadores públicos en Soria que no están en el régimen general, como el personal docente, «se puede jubilar a los 60 años pero tienen penalizaciones». «También hay empresas con buenas condiciones laborales que llegan a acuerdos con los trabajadores para complementar lo que dejan de percibir si se adelanta la jubilación», añade. En el régimen general, donde cotiza la mayoría de trabajadores, «hay una edad ordinaria de jubilación en función de los años cotizados y con la ley cabe la posibilidad de anticiparla dos años, con penalizaciones dependiendo de los años cotizados».