Atrás queda el último mensaje navideño del presidente de la Generalitat a los catalanes, aunque sólo han pasado siete meses. La amenaza de Pere Aragonès se ha perdido en la polvareda. Dijo entonces que si en 2022 no se avanzaba hacia la autodeterminación y la amnistía (la de los ya indultados del "procés"), los independentistas buscarían alternativas.
No digo que Aragonés y su partido, ERC, hayan renunciado a continuar la escalada, según reproche diario de sus socios de Junts. Digo que ha vuelto al campamento base a la espera de que mejore el clima. El demoscópico, al menos, a la vista de que la ventaja del "no" sobre el "sí" a la independencia de Cataluña sigue ensanchando. El Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), libre de aromas españolistas, reflejaba en su barómetro de primavera que el 53,3% de los catalanes rechazan la secesión, mientras que el 38,8 % están a favor.
Vale. No hay renuncia al Estado escindido de España, sino búsqueda de nuevas rutas encaminadas a seguir empujando al Estado fuera del territorio. Por ejemplo, arrinconando el uso del castellano y desjudicializando la conducta de los dirigentes del independentismo. Los dos grandes vectores de lo tratado en la reunión de la "mesa de diálogo", que tuvo lugar este miércoles en la Moncloa.
La buena noticia es que, efectivamente, la autodeterminación y la amnistía reclamadas con tanta firmeza por Aragonès a finales del año pasado han salido de la agenda. La mala es que desjudicializar y descastellanizar también son dos formas de romper los marcos legales.
Eso es lo malo: el desbordamiento de los marcos legales. No el objetivo político. Defender la independencia de Cataluña es tan legítimo como defender el aborto, la forma republicana del Estado, la pena de muerte o la sociedad sin clases. Siempre que se haga dentro de la ley, lo cual, llegado el caso, nos llevaría a una reforma agravada de la Constitución.
Respecto a los dos asuntos tratados en la "mesa", se vuelve a pisar la raya de un Estado de Derecho. El imperio de la ley. En la cuestión de la lengua estamos ante un caso de incumplimiento de una sentencia. La del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), que impone al menos un 25% de castellano en el sistema educativo de Cataluña.
Y en el caso de la desjudicialización, no bien explicado por las partes contratantes de la "mesa" (Gobierno central y Generalitat), nos remite a una concepción totalitaria que desafía la separación de poder. ¿O han querido decir "desfiscalización"?
La sospecha sobrevuela los circuitos políticos y mediáticos: el Gobierno central ya se encargaría de desactivar al Ministerio Fiscal en las causas cuyos afectados pertenezcan a esa especie protegida en la que se han convertido los nacionalismos periféricos.