El lunes murió Ascensión Mendieta, famosa, a su pesar, por haber tenido que recurrir a los tribunales argentinos para recuperar los restos de su padre ,fusilado el 15 de noviembre de 1936 y arrojado a una fosa común en el cementerio de Guadalajara. Timoteo era carnicero y secretario de la UGT de Sacedón, su pueblo. Ascensión tenía 13 años el día que abrió la puerta a los asesinos que se lo llevaron. Creyó que la democracia española le permitiría enterrar a su padre con nombre y apellidos. Pero no. Para la Justicia, todo eran inconvenientes y dilaciones. Así que, en 2010, se sumó a la llamada ‘Querella Argentina’ presentada por varias asociaciones de la Memoria Histórica y el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel. Denunciaban, ante un juzgado de Buenos Aires, los crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Para vergüenza de nuestra democracia, Ascensión logró enterrar dignamente a su progenitor en 2017 gracias a una juez porteña y a las donaciones de un sindicato de electricistas noruego. Pero aún hay en España 114.226 desaparecidos por la represión franquista ocultados en cunetas o en fosas comunes. Son cifras de Naciones Unidas que otorgan a España un bochornoso 2° lugar en la lista de países con más víctimas de desapariciones forzosas después de Camboya.
Por cierto, a Soria, donde no hubo frente ni combates durante la Guerra, le corresponden 586 de esos civiles sacados de sus casa a la fuerza y asesinados según las investigaciones de la asociación ‘Recuerdo y Dignidad’ que lleva 11 años trabajando en fosas y exhumaciones. Y no son ganas de abrir viejas heridas, no; al contrario, se trata de cerrarlas para siempre y eso sólo sucederá cuando el último de los desaparecidos forzosos de este país descanse, por fin, con su identidad recuperada, y sus nietos puedan llevarle flores o lo que consideren el Día de Difuntos. Es su derecho y una cuestión de dignidad.