El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó ayer a la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, que el próximo mes de febrero se realizará el primer pago con cargo al nuevo Acuerdo Marco de Servicios Sociales, que tiene una dotación inicial de 448 millones de euros entre los años 2020 y 2023.

Mañueco y Armisén se reunieron ayer en la sede de la Presidencia de la Junta en Valladolid, dentro de la amplia ronda de contactos que el jefe del Ejecutivo autonómico está manteniendo con representantes institucionales, agentes sociales, económicos o el tercer sector, según informó a través de un comunicado.

En el encuentro abordaron principalmente la prestación y financiación de los servicios sociales, que la Junta destacó están «a la vanguardia de España». Ambos analizaron la puesta en marcha del nuevo Acuerdo Marco, que la Junta aprobó el pasado 5 de diciembre y que afecta directamente a 180.000 personas, a la vez que da «estabilidad» al empleo de los 1.241 profesionales que prestan atención en los CEAS de la Comunidad.

Fernández Mañueco remarcó que, como novedades, se amplía su vigencia de tres a cuatro años, lo que aporta una mayor estabilidad; y se establece un nuevo calendario de pagos, con cuatro anualidades, que permitirá a las corporaciones locales una mayor liquidez y certeza en la previsión en sus ingresos -25 por ciento en febrero, mayo, julio y septiembre, de manera que en esa fecha, entre anticipos y liquidaciones, se haya abonado el total de una anualidad-.

El primer pago se realizará en las próximas semanas, una vez que se haya suscrito el acuerdo individualizado con cada corporación provincial. La dotación inicial prevista es de 448 millones de euros entre 2020 y 2023, lo que supone 112 millones de euros por anualidad. Este importe es una cuantía mínima garantizada, que se aumentará anualmente, especialmente en lo que se refiere a la financiación de la ayuda a domicilio, según disponibilidad presupuestaria, como ya se hizo el pasado año, aprobando una adenda de 3,5 millones de euros.

Mañueco y Armisén destacaron como objetivo «irrenunciable» seguir mejorando la calidad de los servicios que se prestan a las personas, apostando por la innovación, como la teleasistencia avanzada, o por la reducción de los plazos. Desde el pasado 1 de enero se rebajó a tres meses el plazo para reconocer el derecho de las prestaciones de dependencia y el próximo objetivo marcado como meta es su reducción a un mes antes de acabe la legislatura, según informa Ical.

Grupo de trabajo.

Por ello, ambos dirigentes autonómicos acordaron la constitución de un grupo de trabajo entre la Junta y las entidades locales al objeto de proponer y coordinar las actuaciones que sirvan para facilitar la consecución de estos objetivos, con la mejora de los servicios que se prestan a través del citado acuerdo marco.

En este sentido, el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, reiteró la importancia de contar con un nuevo modelo de financiación autonómica que se negocie desde la multilateralidad y que atienda a las necesidades específicas de Castilla y León, algo que lleva reclamando desde hace varios años y que aún se vislumbra lejano. Asimismo, pusieron sobre la mesa la necesidad de que, en paralelo a este proceso, también se negocie un nuevo acuerdo para mejorar la financiación local a través de una modificación de la Ley estatal de Haciendas Locales, lo cual constituye una reivindicación histórica de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).