El Gobierno pidió hoy "garantías" a la Junta de Castilla y León de que no aplicará el protocolo antiaborto, anunciado la pasada semana, así como una aclaración formal de si esas medidas se han acordado en el seno del Ejecutivo de coalición (PP-Vox) que preside Alfonso Fernández Mañueco.
"No se trata de que contesten en los medios de comunicación, sino por los mismos medios que el Gobierno", afirmó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, recogida por Ical.
En la misma línea, se expresó el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños: "Lo que procede es que se aclaren y respondan", en referencia a los dos requerimientos del Gobierno a la Junta en el plazo de 48 horas.
Montero manifestó que el Gobierno "ha sido muy contundente" en no permitir que con las medidas anunciadas, como escuchar el latido fetal o ofrecer a la gestante una ecografía en 4D, se produzca un retroceso en el avance de los derechos de las mujeres embarazadas a interrumpir de manera voluntaria su embarazo.
Según la ministra, "lo que está detrás" de esas medidas es la consideración de la mujer como "persona que no ha madurado" para tomar esa decisión, a lo que añadió que tampoco van a permitir "coacciones".
En relación a sí se acudirá al Tribunal Constitucional si la respuesta no satisface al Gobierno, Montero insistió en esperar la respuesta de la Junta "en tiempo y forma" -tiene un mes-, pero reconoció que si el Ejecutivo castellano y leonés no inicia "ninguna actuación, objetivo conseguido porque de lo que se trataba era evitar que se pusiera en entredicho los derechos de las mujeres".
Montero subrayó que da igual si la denominación es protocolo o indicación, ya que consideró que de lo que se trata con dichas medidas es de que la mujer "repensará" su decisión cuando va a la consulta médica.
Sin retroceso
Antes de inaugurar la exposición 'Mauthausen: memorias compartidas' en el Centro Sefarad, Bolaños, en declaraciones recogidas por Servimedia, defendió ante los periodistas la insistencia del Ejecutivo a Castilla y León para que se "aclaren y nos digan quién dice la verdad" porque se trata de un "tema tan sensible e importante como son los derechos de las mujeres".
Por eso, consideró que "es imprescindible que conozcamos exactamente si es cierto que hubo un acuerdo, por escrito, entre la derecha y la ultraderecha para retroceder 50 años en los derechos de las mujeres" y que "lo sepamos formalmente", ya que "el Gobierno no va a permitir ni un solo retroceso", apostilló.
Así las cosas, Bolaños afirmó que "el PP tiene que decidir si está con Vox y con el retroceso de los derechos de las mujeres, o si está con la ley, la Constitución y las propias mujeres".