Un total de 44 actuaciones judiciales entre juicios, diligencias, declaraciones y otras actuaciones como una boda en El Burgo de Osma (desde el pasado viernes los enlaces han sido incluidos en los servicios mínimos que deben cumplirse) han sido suspendidas en los juzgados de la provincia de Soria desde que, el pasado 24 de enero, el colectivo de letrados de la administración de justicia iniciaron la huelga indefinida, según datos facilitados por la Asociación Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia de Castilla y León (UPSJ CyL), una de las entidades convocantes de la reivindicación laboral. Cuatro letrados de los tribunales de Soria, a los que se ha sumado en dos jornadas más un letrado más, y otro más de los juzgados de El Burgo de Osma están secundando esta huelga indefinida que tiene como objetivo conseguir mejoras salariales y laborales acordes a las responsabilidades y nuevas funciones que han ido acumulando en los últimos años.
Desde la Asociación Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia de Castilla y León (UPSJ CyL) se reconoce que el seguimiento de la movilización "no está siendo mayoritario" en Soria, pero se confía en que, poco a poco, vayan adhiriéndose más letrados a las protestas. La entidad es consciente de las "circunstancias personales" de cada profesional. Aún así, poco a poco, señalan desde la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia de la región, van creciendo los apoyos a la huelga indefinida. Se espera también que en breve también se incorporen más letrados de la administración de justicia de Almazán.
Desde el año 2010 y tras sucesivas reformas legales, los letrados han ido asumiendo nuevas funciones como admitir a trámite las demandas y ejecutar separaciones y divorcios de mutuo acuerdo, así como otros actos de conciliación. Estas y otras tareas se suman a las que ya les correspondían previamente: dirigir la oficina judicial, acordar las resoluciones en los procedimientos que no corresponden a los jueces, dar fe de las actuaciones judiciales, ejercer como secretarios de las juntas electorales, informar a las víctimas de delitos y hacer la estadística judicial, entre otras.
Las principales reivindicaciones que han llevado a la huelga indefinida son una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para que los letrados nunca cobren menos del 85% respecto a estos dos operadores jurídicos, siempre que tengan la misma antigüedad, y que su sueldo no sea menor en las poblaciones pequeñas.
También exigen obtener un ámbito de negociación colectiva propio. "El Ministerio negocia nuestras condiciones laborales con los sindicatos de funcionarios, donde los letrados somos claramente minoritarios, sin que dichos sindicatos hayan defendido nunca nuestros problemas", argumenta Juan José Yáñez, miembro del comité convocante del paro indefinido.
El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que tacha la huelga de "política" y acusa a sus impulsores de "endiosamiento", sostiene que solo queda por cumplir una de las 11 reivindicaciones planteadas por las asociaciones -la revisión del complemento de productividad-, por lo que considera "fuera de lugar" sus peticiones salariales, cuando sus retribuciones van a crecer de media un 14,76 por ciento en tres años.
Asimismo, considera que es una "casualidad" que los paros indefinidos se hagan precisamente este año electoral, pese a que, según los propios trabajadores, "llevan muy cabreados desde 2009".
Los letrados intervienen en todos los pasos de los procedimientos judiciales: no se puede admitir ningún escrito ni señalar o celebrar ningún juicio o comparecencia si el funcionario está de huelga indefinida y no se trata de actuaciones esenciales.