Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y las empresas del servicio de ayuda a domicilio que operan en Castilla y León acordaron un incremento acumulado del 20,5 por ciento, repartido en cuatro años, para los en torno a 5.600 trabajadores de este servicio en la Comunidad.

Los representantes sindicales de UGT y CCOO explicaron que el acuerdo dota de «garantía y estabilidad» a estas trabajadoras durante cuatro años, con un incremento «directo» en las tablas del 17,5 por ciento al que se une otro tres por ciento relativo al precio por kilometraje en los desplazamientos.

Se trata del quinto convenio en la Comunidad sobre esta materia aunque, como señaló Lourdes Herreros, secretaria general del Hábitat de CCOO en Castilla y León, por primera vez se alcanza el acuerdo «antes de la finalización del anterior» , y afecta «fundamentalmente» a las auxiliares que prestan el servicio público de ayuda a domicilio, pero desde el 1 de enero de 2023 incluirá también a los trabajadores que presten el servicio de manera privada.

A su vez, la secretaria del ámbito Sociosanitario y de Atención a la Dependencia de UGT-Servicios Públicos, Pilar Gutiérrez, apuntó que además de la subida salarial y las mejoras en desplazamiento y kilometraje, el convenio incluye «mejoras sustanciales» en relación a permisos retribuidos y vacaciones, un plus de herramientas y otro para los coordinadores, dando «seguridad y estabilidad durante cuatro años a los 5.600 trabajadores del servicio de ayuda a domicilio».

No obstante, la rueda de prensa también sirvió a ambas organizaciones sindicales para poner de manifiesto el «principal problema» del sector, referente al aumento de la prestación de servicios por parte de empresas privadas sin mediar contratación por parte del ámbito público, lo que supone «una contradicción con respecto al acuerdo del Diálogo Social en materia de dependencia», alcanzado hace año y medio con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta.

Y es que, como apuntó Lourdes Herreros, «a través del Diálogo Social» y de los 24 contratos establecidos entre las administraciones públicas y las empresas que realizan estos servicios, los sindicatos pueden llevar «un control de estas trabajadoras» y del cumplimiento del convenio, pero «sobre la prestación privada pura y dura no tenemos control».

Una prestación privada que crece por la disminución de los usuarios de alta en el servicio de ayuda a domicilio de las administraciones públicas de Castilla y León, situados actualmente en 21.485, 3.400 menos con respecto a 2019, mientras las auxiliares en el ámbito privado aumentan y ascienden al entorno de las 1.200 «que no están reguladas ni acogidas a ningún convenio».

Por ello, ambos sindicatos defienden el incremento «pero a través del sistema público» ya que «lo demás es desrregularización y devaluación del servicio», según apuntó el secretario general de UGT-Servicios Públicos en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, que pidió por ello a la Junta una mayor vigilancia como administración responsable de la prestación del servicio de ayuda a domicilio.