Cataluña cuenta con alrededor de 17.000 agentes de los Mossos d’Esquadra, unos 3.800 efectivos de la Policía Nacional y más de 3.500 miembros de la Guardia Civil. Todos ellos está considerados por el Ministerio de Sanidad como «personal de servicios esenciales», un grupo prioritario en la estrategia de vacunación diseñada por el Gobierno y de obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas, que no pueden salirse de los epígrafes establecidos para que la inmunización sea pareja en todo el territorio nacional.

Sin embargo, la Generalitat decidió hacer caso omiso a estas instrucciones, al menos en lo referente a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, según los sindicatos, solo 610 agentes de la Policía Nacional han recibido la primera dosis en Cataluña, pero de ellos 410 lo hicieron al pertenecer a la franja de edad de entre 60 y 65 años, y no por su trabajo. En cuanto a la Benemérita, poco más de 600 efectivos han sido inoculados con una dosis. 

La comparativa en porcentajes con el resto de España es, cuanto menos, sonrojante. Así, mientras en el conjunto del país se ha administrado el primer pinchazo al 76 por ciento de los agentes de la Policía Nacional y el 78 por ciento de la Guardia Civil, en Cataluña poco más del 14 por ciento ha recibido una dosis contra la COVID en la Policía y un 15 por ciento en el caso del Instituto Armado.

Las cifras son aún más llamativas si se confrontan con las de los Mossos, aunque el Govern se niega a dar los datos del Cuerpo autonómico. Sin embargo, desde el Sindicato Autónomo de la Policía aseguran que el total de miembros vacunados con la primera dosis llega a los 13.200 de los casi 17.000 que forman este organismo. Otras fuentes, no obstante, aseguran que ya se ha administrado el primer pinchazo al 100 por 100 de los agentes.

Tribunales

La afrenta de la Generalitat, que achaca la situación con las Fuerzas de Seguridad del Estado al retraso en la entrega de los censos de los agentes y a la suspensión temporal de AstraZeneca, ha llegado hasta los tribunales, de la mano de los sindicatos policiales e, incluso, ha obligado a intervenir al Gobierno central. Lo anunció el pasado martes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien se comprometió en el Senado a que esa vacunación se lleve a cabo próximamente y con la máxima celeridad posible «incluso reservando viales para ello». «Reconozco el fracaso. Lo he pedido de todas las maneras posibles y no lo he conseguido y creo que no se puede esperar más», remarcó en la Cámara Alta.

Precisamente, fuentes del Ejecutivo central detallaron ayer cómo desde Sanidad se demandó información a la Generalitat el mismo 10 de febrero, cuando se inició la vacunación de colectivos ligados a la seguridad al comprobar que en el plan elaborado por el Govern no se mencionaba a policías y guardias civiles a diferencia de Mossos d’Esquadra, policías locales y bomberos.

De acuerdo a estas fuentes gubernamentales, el 12 de febrero la Secretaría general del Departamento de Interior respondió indicando que el lunes 15 se pondrían «en contacto con la persona indicada por el Estado para iniciar los trámites correspondientes». A pesar de que al día siguiente el Ejecutivo central facilita al Govern los contactos correspondientes en cada uno de los Cuerpos, el 4 de marzo la Generalitat reconoce en una reunión con la Delegación del Gobierno que aún no ha solicitado a esos contactos «los listados de personas a vacunarse». Tanto la Policía como la Guardia Civil presentan en los días posteriores un plan de vacunación organizado por grupos, como pedía el Govern, al tiempo que ofrecen sus propias instalaciones y sus propios sanitarios por si hicieran falta. Sin embargo, el Departamento de Salud del Ejecutivo autonómico no valida los planes e, incluso, suspende el inicio de la inmunización, previsto para el 24 de marzo.

Desde ese momento, Moncloa pide explicaciones «en incontables ocasiones» a la Generalitat sin obtener ningún tipo de respuesta. 

«Decisión acertada»

Después de conocer que el Gabinete central se hará cargo del plan de vacunación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña, sindicatos y asociaciones policiales celebraron lo que consideran una decisión «acertada» que valoran «positivamente» ante «la dejadez reiterada y el abandono» que aseguran que han sufrido los agentes por parte de la Generalitat.