Unión del Pueblo Leonés le recordó a la Junta que no tiene competencias para anular festivos de carácter nacional, después de que el Consejo de Trabajo de Castilla y León aprobara modificar el calendario laboral para 2023 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Una propuesta que debe ser ratificada en última instancia por el Gobierno autonómico, y ante la que UPL mostró su disconformidad, registrando varias preguntas en el Senado, a través del senador de Compromís, Carles Mulet, pidiendo al Gobierno que intervenga para "evitar la violación del derecho español".
Los leonesistas hacen así alusión a la modificación propuesta para el calendario laboral de Castilla y León en 2023, impulsada por Vox, que plantea sustituir el festivo nacional de Año Nuevo que por ser domingo se traslada al lunes 2 de enero, por el martes 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol.
En este sentido, los leonesistas pidieron que se tengan en cuenta las peculiaridades de la Región Leonesa en esta cuestión ya que, de ratificarse esta decisión "supondría un notable perjuicio para las tres provincias de Salamanca, Zamora, León dada su alta tasa de emigración y el reagrupamiento familiar que suponen en tierras leonesas las fechas navideñas".
Asimismo, Unión del Pueblo Leonés advirtió de que la modificación del calendario laboral propuesta por Vox estaría invadiendo las competencias del Estado, ya que desde la comunidad de Castilla y León se estaría planteando a través del Consejo de Trabajo modificar un festivo que es de carácter nacional como es Año Nuevo, lo que violaría la legislación española.
Desde UPL recuerdan que el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, recoge el Año Nuevo como festividad de ámbito nacional, señalándose específicamente que un festivo de este tipo será "objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo".
Por todo ello, los leonesistas consideraron que la modificación propuesta por Vox en el Consejo de Trabajo de Castilla y León viola la legislación española, ya que "pretendería suprimir un día festivo de carácter nacional sobre cuya supresión la comunidad birregional de Castilla y León carece de competencias, motivo por el cual el Gobierno debe tomar cartas en el asunto y evitar el perjuicio que supondría para los trabajadores".