El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la subida de 15 euros mensuales del salario mínimo interprofesional (SMI) con efecto desde el 1 de septiembre, hasta 965 euros brutos en 14 pagas, según lo acordado por el Gobierno y los sindicatos con el rechazo de la patronal.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enmarcado este incremento del 1,57 % en el contexto de una recuperación justa.
La subida se encuentra en el rango medio de la horquilla de entre 12 y 19 euros recomendada por la comisión asesora sobre el SMI, un alza que los sindicatos consideran insuficiente, pero que han aceptado porque el Gobierno se ha comprometido a seguir subiéndolo en 2022 y 2023 para situarlo en el 60 % del salario medio al final de la legislatura.
"Nos ponemos a trabajar con carácter inmediato para dar cumplimiento a la senda que los expertos han señalado hasta 2023", ha afirmado la vicepresidenta, quien ha incidido en el compromiso de terminar la legislatura cumpliendo la Carta Social europea, con un SMI equivalente al 60 % del salario medio nacional, lo que equivaldría a 1.049 euros, según los expertos.
La patronal se descolgó del acuerdo al considerar que aún no es el momento de una nueva subida porque todavía tiene que consolidarse la recuperación económica y la del empleo.
Los empresarios eran partidarios de dejar pasar 2021 y hablar de la subida en 2022, teniendo en cuenta que había subido un 22 % en 2019 y otro 5,5 % en 2020.
No obstante, la vicepresidenta ha señalado que "frente a los agoreros" las subidas del SMI han demostrado su eficiencia económica al reducir dos puntos la brecha salarial de género.
Según la última encuesta anual de estructura salarial de 2019, el 11,12 % de los afiliados a la Seguridad Social cobraban el salario mínimo, esto es, unos 1,8 millones de personas.
Sin embargo, el número de beneficiarios es muy superior teniendo en cuenta que el SMI se utiliza como mínimo de ingresos para acceder a ayudas y subsidios, como es el caso de el percibido por desempleados mayores de 45 años con cargas familiares.