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Los GAL piden que se pueda intervenir en casas abandonadas

SPC
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Un estudio asegura que el mercado laboral es un factor «relevante» pero «no suficiente» para solucionar los problemas de las zonas rurales

Imagen de la calle de un municipio. - Foto: Yolanda Lancha

Pese a que la mayor parte de las políticas vinculadas al desarrollo rural se basan en incentivar el empleo para fijar población, el mercado laboral es un factor relevante pero «no suficiente por sí mismo» para solucionar los problemas de arraigo y atracción de población de los espacios rurales. Así lo pone de manifiesto un estudio de la situación de las empresas rurales den Castilla y León, que se enmarca en el proyecto de cooperación regional Leader +Empresas, +Empleo y +Rural, y que plantea algunas propuestas para revertir esta situación como la flexibilización de la normativa para que los ayuntamientos tengan capacidad funcional de intervenir en casa o solares abandonados y así paliar el problema de la falta de vivienda además de tener en cuenta la población flotante que tiene estos territorios para redimensionar los servicios públicos en los pueblos.

El trabajo coordinado por la profesora de Geografía de la Universidad de Valladolid, Milagros Alario, y encargado por once grupos de acción local de seis provincias de Castilla y León, apuesta por corregir los problemas del medio rural que, a su juicio de sus autores, debe pasar por un conjunto de medidas de «discriminación positiva». No en vano, consideraron que tratar igual a espacios que tienen desiguales condiciones no es una forma de «avanzar» hacia la igualdad.

Entre otras propuestas, Alario citó, según recogió la Agencia Ical, la mejora de la conectividad para que las zonas rurales tengan una velocidad para navegar por internet «igual a la mínima» de las ciudades. «Hay que hacer atractivos los pueblos para que puedan entrar a jugar en la toma de decisiones de ubicación de nuevos pobladores o de nuevas empresas», sentenció la profesora de la UVa.

Rentabilidad social

También valoró la necesidad de introducir el concepto de rentabilidad social, más allá de la económica, en la toma de decisiones sobre el despliegue de los servicios. Así, el estudio reclama primar a las empresas del ámbito comarcal frente a las grandes que monopolizan el mercado a la hora de presentarse a las licitaciones de obras que tienen lugar en el medio rural. «A veces, no es cuestión de fondos que ya llegan al ámbito rural sino utilizarlos de forma adecuada o que se hagan las cosas de otra forma», dijo.

Además, planteó ser más ágiles en la adaptación de las ofertas formativas acordes a las necesidades del tejido productivo en cada momento y trabajar con una concepción supramunicipal en torno a unidades «coherentes y estables». En este sentido, pidieron tener en cuenta el papel «fundamental» de la población que reside en los pueblos varias semanas o meses cada año para «redimensionar» los servicios públicos. «Al no estar empadronados, los municipios no reciben los recursos económicos por población ni se tienen en cuenta a la hora de diseñar servicios públicos, por lo que se podría plantear un doble empadronamiento», expuso Alario.

Por último, constataron que el espacio rural es«muy dinámico» desde el punto de vista económico, incluso en los territorios de baja densidad de población, al ser un lugar muy innovador y contar con el fuerte arraigo del empresariado local.