El Comisionado de Transparencia, Tomás Quintana, aprovechó ayer su comparecencia en las Cortes para reiterar que la futura Ley de Transparencia, en la que trabaja la Junta, debe recoger «expresamente» la ejecución forzosa de las resoluciones de la institución. En concreto, consideró necesario disponer de un instrumento jurídico que permita al Comisionado «forzar» el cumplimiento de sus resoluciones, a través de la imposición de multas coercitivas. De esta manera, precisó, se podrá «garantizar» la ejecución forzosa de las resoluciones cuando sean incumplidas.

Con motivo de la presentación de la Memoria Anual de la Comisión de Transparencia, que está asumida por el Procurador del Común, correspondiente al año 2020, Quintana señaló que continúa en aumento el número de resoluciones del órgano que no son cumplidas por las administraciones y entidades públicas. Pese a que señaló que esos incumplimientos son publicados en su página electrónica y se recogen en las memorias, no es suficiente por lo que demandó que se impongan multas. Es por ello que la Comisión presentó una alegación al anteproyecto de ley de Transparencia autonómica. 

Algo, a su juicio, necesario a la vista del incremento de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos. En 2020, pese a ser un año de «infausto» recuerdo por la pandemia de la covid, fueron 329, por lo tanto cuatro más que en 2019 y un número muy superior a las 102 reclamaciones de 2016, cuando empezó a operar el Comisionado de Transparencia. Es decir, se han triplicado en cinco ejercicios. En este sentido, en lo que va de año y a falta de tres meses para su conclusión, ya se han recibido 350 reclamaciones. Es decir, 21 más que las presentadas durante todo el año 2020, como informa Ical.

A la futura Ley de Transparencia también se refirió la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Virginia Barcones, que anunció que se opondrán si el borrador del anteproyecto no cambia «radicalmente» en relación a la publicidad activa. No en vano, precisó que el texto con el que trabaja la Junta contempla pasar de menos de 50 entidades del sector público obligadas a más de 5.000 sujetos afectados. Además, pasa de once obligaciones de publicidad activa, adicionales a la ley estatal, a más de 75.

Además, tras la comparecencia de Quintana, los grupos Socialista y Mixto lamentaron que el Comisionado de Transparencia acuda cada año a las Cortes para presentar la memoria anual para denunciar la falta de medios humanos y materiales para efectuar su trabajo. «Gracias por cumplir con su función, pese a no tener lo medios. Son peticiones más que justas y objetivas pero que no se atienden», aseveró Barcones, a lo que Luis Mariano Santos añadió que «debe ser difícil que plantee los mismos problemas, trabas y circunstancias sin que a nadie se le caiga la cara de vergüenza».