El llamado caso Ibiza se ha transformado hoy para Austria en el efecto Ibiza: un comprometedor vídeo rodado en esa isla española hace dos años ha causado un terremoto político que ha acabado por derribar a un Gobierno que hasta hace 10 días se presentaba como modelo de eficacia y estabilidad.

Tras solo 525 días en el cargo, Sebastian Kurz ha sumado la condición de canciller federal más breve de la Historia moderna de Austria a su ya récord de jefe de Gobierno más joven de la Unión Europea (UE).

Una mayoría de 110 entre los 186 diputados de la cámara baja, los de la oposición de izquierdas y los ultranacionalistas, han retirado hoy su confianza a Kurz, líder del Partido Popular austríaco (ÖVP), y a todo su Gobierno.

Un Ejecutivo de transición gestionará ahora al país hasta las elecciones anticipadas que, seguramente, se celebren en septiembre.

El presidente del país, Alexander van der Bellen, inicia hoy mismo la ronda de consultas con los líderes políticos para abordar la crisis política.

El mandatario insistió en los últimos días en su mensaje de calma y en afirmar que en la Constitución austríaca están definidos todos los mecanismos para proceder en este tipo de situaciones.

La cadena de acontecimientos comenzó el pasado día 17, cuando se publicó un vídeo en el que el entonces jefe del ultranacionalista FPÖ, Heinz Christian Strache, ofrecía contratos públicos a una supuesta millonaria rusa a cambio de financiación ilegal y de ayuda para ganar las elecciones.

El vídeo fue grabado en Ibiza antes de las elecciones anticipadas de octubre de 2017, ganadas por Kurz y de las que salió la alianza entre populares y ultranacionalistas.

El llamado Ibizagate provocó la dimisión de Strache, la salida de todos los ministros del FPÖ del Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones.

La crisis ha ido hoy a más al retirar el Parlamento la confianza a Kurz y a su Gobierno, algo inédito en los 74 años de Historia de la II República austríaca.

Durante el debate parlamentario, Kurz acusó al FPÖ y al socialdemócrata SPÖ de actuar movidos por "deseos de venganza" y aseguró que "nadie en el país puede comprender" la moción.

Acusaciones en todas las direcciones

Por su parte, la oposición de izquierdas ha responsabilizado a Kurz de traer a los ultras al Gobierno y de tratar luego de acumular poder para acudir con ventaja a las elecciones, mientras que el FPÖ le ha acusado de dinamitar la coalición por ambición personal.

En su primera intervención tras ser destituido, Kurz aceptó la "decisión democrática" tomada hoy en el Parlamento, pero activó ya el modo electoral de cara a los próximos comicios.

"Pueden destituirnos, pero no pueden parar los cambios que hemos comenzado", explicó el jefe de los populares, rodeado de decenas de sus simpatizantes en Viena.

"Hoy ha decidido el Parlamento, pero al final del día, en septiembre, en una democracia quien decide es el pueblo", proclamó.

Con sólo 32 años, 10 de ellos en la política, y sin formación universitaria o experiencia en el sector privado, Kurz ha logrado colocar al ÖVP como partido con más apoyos, tras una década de segundones en coaliciones con los socialdemócratas.

Llegó a la jefatura de su partido hace dos años, provocó la ruptura de la coalición que los populares mantenían entonces con el SPÖ y ganó las elecciones anticipadas con un discurso antiinmigración, para formar luego una alianza con los ultras.

El ya excanciller ha defendido el trabajo realizado con los ultranacionalistas y la estabilidad en la coalición, tras décadas de alianzas con peleas internas entre socialdemócratas y conservadores, que, sin embargo, han llevado al país a ser uno de los más estables y prósperos de Europa y del mundo entero.

Los 17 meses de colaboración con los ultras han estado marcados por una reducción de los derechos de los inmigrantes y refugiados y por numerosos escándalos por declaraciones xenófobas y antisemitas de miembros del FPÖ.

El partido ultra, que controlaba las carteras de Defensa, Interior y Exteriores, además de Infraestructuras y Sanidad, fue acusado también de ataques a la libertad de prensa y de haber provocado que los servicios secretos aliados cortaran sus contactos con Austria, debido a la cercanía del FPÖ con Rusia.

El Ejecutivo de Kurz ha aprobado importantes reformas que aumentan las ayudas sociales a las clases medias, pero las reducen para familias monoparentales, refugiados o personas con ingresos más bajos.

Con todo, Kurz sigue siendo con diferencia el político más popular del país y queda por ver cómo tomará el electorado austríaco que socialdemócratas y ultranacionalistas hayan forzado su salida del Gobierno.

La dirección socialdemócrata se ha apresurado a prometer que no habrá ningún acuerdo de Gobierno con los ultranacionalistas.

Los populares ganaron ayer, domingo, con contundencia las elecciones europeas, con el 35,4 % de los votos, doce puntos más que el SPÖ y el doble que sus hasta ahora socios ultranacionalistas.