El 85 por ciento de las mujeres que acuden a la sanidad pública para abortar ya lo hacen en centros de Castilla y León. Una cifra que supone un diez por ciento más que durante los últimos años, cuando los porcentajes no superaban el 75 por ciento, según los datos del último informe anual que la Consejería de Sanidad realiza sobre las interrupciones voluntarias del embarazo (IVIE). Un documento que refleja como, durante el pasado año, 2.421 mujeres abortaron en Castilla y León, nueve puntos menos que el ejercicio anterior y la cifra más baja en lo que va de siglo XXI. Este descenso rompe con cuatro años de subidas en las IVIE, aunque el parón derivado de la pandemia de la covid-19 ha influido en este sentido. El texto al que ha accedido este periódico revela que, de las 2.421 castellanas y leonesas que abortaron el pasado año, 1.349 –algo más de la mitad– lo hicieron a través de la sanidad pública. De estas, 1.140 lo hicieron dentro de la Comunidad, mientras que Sacyl derivó a 209 mujeres a otras regiones. Las féminas de Ávila, Palencia y Soria que acudieron a la sanidad pública para abortar fueron remitidas a centros privados de otras comunidades.
Si algo vuelve a revelar el informe anual de IVIE en Castilla y León es el alto grado de objeción de conciencia entre los profesionales de Sacyl. Y es que, solo 60 de las 1.349 mujeres que acudieron a la sanidad pública para interrumpir su embarazo fueron intervenidas en alguno de los hospitales públicos de la Junta. Una cifra que apenas llega al 5 por ciento de estas y al 2,5 por ciento del total. Una situación que, el vicepresidente y portavoz autonómico, Francisco Igea, asegura que es «compatible» el ejercicio del derecho al aborto y la despenalización de esta práctica con la protección de los derechos individuales y señaló que no se pueden situar por debajo de otro colectivo. Además, remarca que la libertad de expresión, la libertad religiosa o la objeción de conciencia son derechos «sagrados», «los ejerza quien los ejerza y donde los ejerza».
Por el contrario, desde el PSOE, que esta semana presentaron una PNL en las Cortes al respecto, Patricia Gómez Urban, asegura que, «a pesar de ser un derecho reconocido, hoy todavía nos encontramos con obstáculos». «Es un derecho reconocido por ley, pero en Castilla y León no es un derecho efectivo, ya que las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo se enfrentan a una serie de obstáculos que impiden que este derecho sea desarrollado conforme se establece en la ley, ni del modo más favorable para la protección y eficacia del mismo», asegura.
Por otra parte, llama la atención como, casi una de cada diez mujeres que abortaron tenían menos de 20 años, o que el 45 por ciento de estas solo tenía terminada hasta la ESO o equivalente. Además, una de cada cuatro ya había tenido entre uno y dos abortos previos, y la gran mayoría –el 65 por ciento–, interrumpió su embarazo antes de la semana ocho. Por último, el nueve de cada diez abortos practicados durante el pasado año fueron a petición de la mujer.
Otros datos:
40% Viven solas o con sus padres. Además, el 55 por ciento de las mujeres que abortaron residen con sus parejas.
1.072 por lo privado. El 44,2% de las féminas decidieron ir directamente a un centro privado y abonar entre 400 y 500 euros para interrumpir su embarazo.
49,4% abortaron siendo madres. La mitad de las mujeres que abortaron el pasado año ya tenían, al menos, un hijo a su cargo.
70% tomaba medidas. La mayoría asegura que utilizaba preservativo o tomaba la píldora.