En ocasiones la vida se complace en la ironía. Hace unos días se produjo la dimisión de Maria Gámez, directora general de la Guardia Civil, una renuncia forzada por la cercanía del procesamiento de su marido investigado en un caso de presunta corrupción. Y el martes conocimos una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón al coronel Diego Pérez de los Cobos y declara ilegal su cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y obliga a reponerlo en el cargo.
El coronel, un hombre de trayectoria intachable y muy reconocido por sus compañeros, fue cesado por María Gámez a requerimiento del ministro Fernando Grande-Marlaska. Fue apartado de manera autoritaria porque se negó a dar cuenta al ministro de la marcha de las investigaciones judiciales llevadas a cabo por la Guardia Civil sobre si el Gobierno había incurrido en algún delito al permitir las marchas del 8 de Marzo, el Día de la Mujer del año 2020. Eran fechas en las que el Ejecutivo que posteriormente declaró el estado de alarma nacional por el coronavirus, se mostraba renuente a reconocer la presencia del COVID 19 en nuestro país.
El ministro sabía que la juez había ordenado el sigilo de las averiguaciones y de ahí la razón por la que el coronel se negó a facilitar la información que le requerían. La destitución, justificada en el eufemismo de la "pérdida de confianza", fue una arbitrariedad como viene a señalar la sentencia del Tribunal Supremo.
El coronel Pérez de los Cobos, un funcionario ejemplar, había desarrollado parte de su carrera en el País Vasco en los años duros de lucha contra la banda terrorista ETA, y durante el Gobierno de Mariano Rajoy fue el responsable de la coordinación del operativo policial desplegado en Cataluña para, en cumplimiento de la ley, impedir el referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017. Cumplió con su deber y se ganó la ira de los separatistas que tienen poderosos altavoces en Madrid. Por decirlo coloquialmente, sí se me permite la expresión: al coronel le tenían ganas.
Afortunadamente todavía hay jueces en España y el Tribunal Supremo ha dejado sentenciado que su destitución fue un acto ilegal. Qué al tiempo que al coronel Pérez de los Cobos la justicia le daba la razón quien ejecutó de manera vicaria la destitución del coronel, la entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez, haya tenido que abandonar la dirección del Instituto Armado forzada por ominosas circunstancias, tiene algo de justicia poética. El ministro, que un día fue juez, debería sacar alguna conclusión de este penoso asunto.