El Gobierno central celebró ayer una reunión interministerial para intentar dar respuesta a las protestas que durante más de un mes protagonizan los agricultores y ganaderos a lo largo y ancho del país. La reunión estuvo encabezada por el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y asistieron los vicepresidentes Carmen Calvo, Pablo Iglesias y Teresa Ribera, los ministros de Agricultura, Luis Planas; de Hacienda, María Jesús Montero; de Trabajo, Yolanda Díaz; de Industria, Reyes Maroto; de Política Territorial, Carolina Darias; de Consumo, Alberto Garzón; y de Inclusión, José Luis Escrivá. Posteriormente Luis Planas, compareció en el Congreso de los Diputados, donde anunció un decreto ley para modificar la ley de cadena alimentaria, sin concretar las medidas urgentes a adoptar.
En palabras del ministro de Agricultura el problema reside en un «desajuste de oferta y demanda», pero influyen factores como la mayor competencia internacional, el cierre del mercado ruso, los efectos del cambio climático, el Brexit y la imposición de aranceles en EEUU por las ayudas europeas a Airbus, entre otras. Los agricultores, que no están dispuestos a cesar en sus reivindicaciones por todo el territorio nacional, terminan por pagar todas esas circunstancias coyunturales.
En su comparecencia, Planas aseguró que no se trata de un problema español, sino que es de carácter europeo. Sin embargo, actualmente en Europa está sobre la mesa el futuro del sector agroalimentario, ya que uno de los principales escollos para aprobar el presupuesto de los próximos siete años es la Política Agraria Común (PAC). Y parece que pintan bastos, con el grupo de los países del norte en contra de poner más dinero y los del sur en un intento desesperado por mantener el status quo actual.
En medio de todo este marasmo se encuentra el Gobierno, pero sobre todo los agricultores que ven cómo la viabilidad de sus explotaciones disminuye cada año, mientras que intermediarios elevan los precios de sus productos y las cadenas de distribución y los consumidores deben pagar precios finales desorbitados. Poco margen de maniobra tiene el Ejecutivo para intentar variar la situación, ya que los mercados internacionales marcan la pauta a seguir y, en muchos casos, están por encima de los gobiernos.
Es hora de que la Unión Europea actúe como tal y proteja los intereses de los productores intracomunitarios frente a los exteriores que, en demasiadas ocasiones, se saltan las prohibiciones de productos fitosanitarios y sus productos dejan una huella ecológica exagerada. El Gobierno de Trump en EUUya comenzó con medidas proteccionistas, ¿cuándo lo hará la UE?