Las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel calculan que las ayudas al funcionamiento, tal y como las pretende aplicar el Gobierno, supondrán que anualmente las empresas de las tres provincias reciban 24 millones de euros, una cantidad "insuficiente" que no ayudará a corregir sus desequilibrios demográficos ni las desventajas competitivas que sufren los empresarios por ubicar su industria, empresa o negocio en "el desierto de España".

Los presidentes de las confederaciones de empresarios de Soria, Cuenca y Teruel, que conforman el 'lobby' contra la despoblación, abordaron hoy su posición respecto a las ayudas al funcionamiento, y leyeron la carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y los ministros de Hacienda, Seguridad Social y Reto Demográfico para exigir que las ayudas se ajusten a la realidad de estas tres provincias.

Las patronales remitieron en octubre al presidente del Gobierno un informe sobre la realidad socio económica de Soria, Cuenca y Teruel, y exigieron la equiparación de los autónomos con las empresas; que se corrija la intensidad de las ayudas en función de los municipios donde están instaladas la actividad económica; y la revisión de las ayudas para que las empresas ya instaladas en el territorio y que cuentan con trabajos indefinidos también se beneficien de las mismas. 

En definitiva, quieren una fiscalidad como Noruega, según destacó el presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y de Cecale Santiago Aparicio,  es decir, una deducción de diez puntos porcentuales en el tipo de la cotización social.

Aparicio leyó la carta remitida por las tres patronales a Pedro Sánchez y sus ministros para exigir la revisión de la intensidad y el alcance de las ayudas al funcionamiento, ya que tal y como están planteadas no se corregirán los desequilibrios estructurales derivados de las desventajas demográficas graves y permanentes de las tres provincias y tampoco servirán para aprovechar las oportunidades de reindustralización de España.

"Es necesario aumentar la intensidad de las ayudas, ya que la cuantía está alejada a lo permitido por la Comisión Europea. Necesitamos una reducción de diez puntos porcentuales en el tipo de cotización social, tal y como se aplica a Noruega",  indicó.

Desequilibrios

También tomó la palabra el presidente de CEOE-Cepyme Cuenca, David Peña, para insistir que al Ejecutivo central se le ha recordado que la fiscalidad diferenciada es el instrumento que puede resultar "fundamental" para corregir los desequilibrios de las tres provincias.

Al respecto, consideró que estas ayudas al funcionamiento tienen que ser consideradas como parte de un "proyecto país", por el rol que pueden llegar a alcanzar en la cohesión de España y por el factor de competitividad que pueden aportar al país de cara a la atracción de nuevo tejido empresarial que se deslocalizó durante la pandemia y que procedería de Asia.

Respecto a la equiparación entre autónomos y empresarios, la directora de FOES, María Ángeles Fernández,  subrayó que es necesario incluir a los autónomos como beneficiarios a estas ayudas, y recordó que en ningún momento, la Comisión Europea diferencia entre unos y otros, es decir, que "los considera idénticos".

"El peso de los autónomos en las tres provincias es muy relevante. En el global de Soria, Teruel y Cuenca tenemos un total de 28.103 empresas activas, y 39.0173 autónomos. Además, los autónomos son los que ejercen la actividad económica y sujetan la escasa población en el medio rural", detalló, para señalar que cuánto más pequeño es el municipio más peso tienen los autónomos, por lo que sujetan la población en el medio rural.

En este sentido, insistió que el fin perseguido con la aplicación a las ayudas al funcionamiento es impactar económicamente en estas zonas, no sólo con la atracción económica y la creación del empleo sino con la retención de lo existente.

En cuanto, al anuncio de la tarifa plana para los autónomos, durante los dos primeros años de actividad, para el 'lobby contra la despoblación' debería plantearse como una medida a largo plazo hasta que se mantenga cada una de estas provincias supere el umbral de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

En alusión a la intensidad de las ayudas en función de la población de los municipios, que establece que las ayudas llegarán en mayor medida a aquellos municipios con menos de 1.000 habitantes, en el global de las tres provincias sólo 48 localidades de menos de 1.000 habitantes tienen suelo industrial de un total de 657 municipios, según destacó.

Además, este suelo es industrial, según la directora, pero tiene "carencias serias" de servicios básicos como la fibra óptica, el gas o la potencia eléctrica suficiente. "Las empresas sin los servicios adecuados no se van a instalar aquí. Entendemos la voluntad de ayudar a los municipios con menor población pero la realidad del territorio y de la población nos dice que va a ser muy difícil que se instalen actividades económicas, por lo que se reduce considerablemente el alcance de la contribución de las ayudas al funcionamiento", argumentó.

Respecto a la intensidad de las ayudas en función de los contratos indefinidos o nuevos, desde FOES se recordó la Comisión Europea aprobó las ayudas al funcionamiento para las empresas de Soria, Cuenca y Teruel para compensar los mayores sobrecostes que suponen ejercer esta actividad en estos territorios. "Europa lo permite pensando, sobre todo, en las empresas que ya están instaladas", indicó para insistir que es necesario equiparar la intensidad de las ayudas de las empresas existentes con las que estén por venir.

Las patronales insistieron en revisar cómo se deben otorgar, ya que la Comisión Europea establece que deben tener el efecto de incentivar la población y la capacidad para modificar el comportamiento de las empresas afectadas y atraer nuevas. "Queremos que el Gobierno evalúe y que valore si con estas cantidades se van a conseguir estos dos efectos", subrayó.

Comunidades autónomas

Asimismo, también recalcó que las ayudas al funcionamiento pueden llegar vía bonificación a las cuotas de la Seguridad Social, que es lo planteado y sólo corresponde al Gobierno, pero también pueden venir por parte de la Comunidad autónoma, que puede complementarlas y compensar el "sobrepeso" en materia de gastos corrientes (alquiler de naves, oficinas, el pago de la electricidad). "Las comunidades autónomas pueden entrar a compensar siempre que no se supere ese umbral que ha puesto la Comisión Europea del 20 por ciento", afirmó.

El 'lobby' contra la despoblación también pretende que estas ayudas tengan carácter retroactivo, tal y como comprometió el Gobierno, y garantizó que continuará con el trabajo para conseguir una fiscalidad "justa", a pesar de que sean aprobadas, tal como están, en el BOE.