Siempre soy optimista, pero estoy muy preocupado por la deriva de la pandemia. Los nuevos contagios y fallecimientos en todo el mundo son muy preocupantes. En España vemos frecuentemente aglomeraciones, personas sin mascarilla y grupos que no guardan la distancia de seguridad. El descontrol en aeropuertos es habitual. Me temo que todos vamos a ser castigados por los descerebrados que incumplen las normas. Parece que los trasgresores no piensan en las consecuencias no sólo sanitarias, sino también económicas y sociales. La crisis económica no ha hecho más que empezar. La caída del Producto Interior Bruto, el desbocado aumento de la deuda y el desplome de la actividad económica no auguran nada bueno. La ayuda europea llegará (ya veremos cuándo, cómo y cuánto) pero dependerá de la confianza y credibilidad que les inspiren nuestros Presupuestos Generales del Estado. No creo que Bruselas esté muy tranquila hasta ahora.
El Gobierno ha creado dos mecanismos para paliar los daños que ha causado la crisis del coronavirus: el Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Un ERTE es una autorización temporal para que una empresa pueda rescindir contratos de trabajo durante un periodo determinado; a pesar de la tardanza en pagar a los trabajadores, ha sido un buen recurso para evitar los despidos. ¿Qué pasará después del 30 de junio en que terminan? Las negociaciones para su prórroga no han llegado a un acuerdo, lo que genera mucha inquietud entre los más de tres millones de trabajadores en esta situación que temen acabar en un ERE. El IMV es una renta mínima destinada a corregir altos niveles de pobreza; las largas colas ante los comedores sociales y bancos de alimentos son una enorme vergüenza en pleno siglo XXI. Es un elemento necesario, pero de la pobreza se sale con un trabajo, no con una subvención. Creo que el IMV tiene que ser temporal, debe estar supeditado a la búsqueda de empleo y a evitar la economía sumergida.
El problema es que el único dinero del Gobierno es nuestro dinero y como ahora necesita más para financiar el IMV y los ERTEs, tendrá que saquearnos más. Cuando hace falta dinero, salen a relucir las pensiones y los salarios. Me desagradan especialmente las declaraciones de dos personajes: Christine Lagarde y Pablo Hernández de Cos. La primera, en su época de directora gerente del Fondo Monetario Internacional, publicó informes señalando «el riesgo de que la gente viva más de lo esperado» (parece que quiere «hacer coincidir exactamente la edad de jubilación con la de defunción»). Su solución es retrasar la edad de jubilación de modo que se cobre menos años, recortar las prestaciones y aumentar las cotizaciones. El segundo, gobernador del Banco de España, no se cansa de pedir incrementos de la recaudación (aumento del IRPF y del IVA), quejarse de «salarios demasiado altos» y de «pensiones públicas insostenibles», proponiendo su recorte. Su crítica a la «falta de capacidad de ahorro de los hogares» es ofensiva. ¿Cómo pueden ahorrar los que no llegan a fin de mes?  
Los que hablan de moderación salarial y recorte de pensiones son los que perciben (no siempre los ganan) elevados salarios. La señora Lagarde (que se subió el sueldo nada más tomar posesión) supera los 350.000 euros anuales más 65.000 para gastos personales. El señor Hernández de Cos se ha llevado 114.000 euros en sus siete primeros meses.
Asusta pensar que estamos en sus manos.