Había muchos motivos para considerar el adelanto electoral en Castilla y León como un proceso único. El más claro está escrito en la historia: nunca la comunidad autónoma había votado la configuración de sus Cortes al margen de otras convocatorias a urnas. Tampoco había sucedido la interrupción violenta de un gobierno, que a su vez fue también inédito por ser de coalición. Pero el elefante en la habitación era el impacto interno de un resultado que no se acercara a la mayoría cualificada de ningún partido, fundamentalmente del PP por ser el convocante y quien lideraba unos sondeos cuyos progenitores vuelven a quedar a la altura de los quiromantes. Lo innombrable eran, en suma, las consecuencias que pudiera tener sobre el resto del territorio nacional lo que sucediera en Castilla y León, y de forma muy particular en los cuadros de mando de los aludidos.

Así se ha manifestado con toda crudeza sin esperar a que se enfríen los resultados del escrutinio, que dibujan un panorama mucho más complejo de lo que pudiera parecer. Vox, convertido en tercera y decisiva fuerza política en Castilla y León, no ha querido maquillar sus intenciones. Quieren ser Gobierno y van a pedir lo que consideren, tomando como referencia el precedente de Ciudadanos, que logró la Presidencia de las Cortes, la Vicepresidencia del Gobierno autonómico, la Portavocía de la Junta y consejerías suficientes como para manejar la mitad del presupuesto regional. Esto es, una ocupación de la vivienda política con los pies apoyados sobre la mesa del salón. La pregunta que se hacen los líderes de la formación que preside Santiago Abascal, que es quien determinará qué, quién, cuándo y cómo, es por qué deberían aceptar ellos menos de lo que le fue dado a Ciudadanos. Y el PP, por más que le duela, no puede contestar a esa pregunta.

Fernández Mañueco también ha sido mucho más contundente de lo que acostumbra al señalar que no admitirá injerencias externas (de Teodoro García Egea, para ser exactos) ni impondrá líneas rojas a la negociación del próximo Gobierno (a Vox, concretamente). Pero eso está muy lejos de los deseos de un Pablo Casado al que estas elecciones le pueden salir carísimas porque únicamente han servido para muscular al partido que nació para fagocitar al PP. Así pues, viene ruido entre las cúpulas populares. Tampoco es menor el movimiento de Óscar Puente, que, como alcalde de Valladolid, es el cargo público de mayor peso real del PSOE en toda la comunidad autónoma. Pidió una abstención socialista a cambio de que el PP aparte a Vox del Gobierno. Ya le han dicho que no desde Ferraz, donde también miden la suerte de Castilla y León en beneficio del líder. Los ciudadanos de esta comunidad ya han votado. Y hasta ahí, al parecer de algunos, llega su trascendencia en este juego de funambulistas.