La estrategia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para convertirse en el gran pacificador del conflicto catalán con la polémica reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición y rebaja el de malversación se tambalea. 

La culpa la tiene el auto de 71 páginas del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, donde, a pesar de retirar el cargo de sedición que pesaba sobre el líder independentista, Carles Puigdemont -además de los exconsejeros Comín, Ponsatí y Rovira-, rechaza atenuar las penas por el delito de malversación porque considera que los líderes independentistas sí que tuvieron la determinación de «apropiarse» de «patrimonio público» durante el intento de romper unilateralmente con el Estado español en 2017.

Advierte Llarena en su resolución, donde critica con dureza al Ejecutivo porque la reforma judicial amenaza con «despenalizar» el procés, que el «ánimo» de los imputados cuando se quedaron con dinero público para el 1-O era el de «disponer como propietarios, a título definitivo, del patrimonio público», mientras que el «tipo atenuado es únicamente si se dispone temporalmente de una cosa».

Por tanto, si el Supremo asume esta línea, Puigdemont y sus colaboradores más cercanos (los exconsejeros Comín y Puig), tendrían muy difícil no sentarse en el banquillo para responder por este delito.

El magistrado sigue considerando que el expresidente de la Generalitat pudo cometer un delito de malversación agravada al sostener que sí que existió ánimo de lucro en el procés, de modo que este se enfrentaría a una pena máxima de prisión de 12 años. Según la jurisprudencia, explica el juez, el delito de malversación «no requiere el enriquecimiento del autor, sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos».

Estima, por tanto, que los hechos encajarían en el artículo 432.2 del Código Penal, que contempla penas de cuatro a ocho años de prisión e inhabilitación de 10 a 20 años, para la autoridad que, «con ánimo de lucro», se apropie o consienta que un tercero se apodere de patrimonio público a su cargo.

Si en la revisión de penas que debe llevar a cabo el Tribunal Supremo sigue la línea marcada por Llarena, podría mantener también la inhabilitación de 13 años que pesa sobre el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, indultado de la cárcel por el Gobierno.

Así las cosas, la táctica del Ejecutivo de Sánchez para presumir de haber desactivado la bomba secesionista, corre el peligro de saltar por los aires. 

Por eso, ayer, tanto el Gabinete socialista como el Govern catalán se pronunciaron contra las resoluciones del togado y sus reproches.

La consellera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC), le acusó de «retorcer y forzar» el delito de malversación en relación a Carles Puigdemont, aunque dijo confiar en que «decaerá» porque, bajo el punto de vista de la Generalitat, en el referéndum del 1 de octubre «no hubo enriquecimiento».

Vilagrá consideró que «una cosa es el texto legislativo y otra la interpretación de los jueces, que siempre intentan hacer la más dura». Pero en este caso, entiende que no es interpretación. «Es retorcimiento del delito de malversación e interpretación muy forzada del texto», reprochó.

También mostró, por otro lado, «pleno respeto» a la estrategia de defensa de Puigdemont, más allá de que la Generalitat desea que el expresident regrese a Cataluña «lo más pronto posible» y por ello trabajará para que ese retorno sea efectivo, como también el de Marta Rovira y otros dirigentes. Pero sin precipitación, que es mala consejera. Es normal que lo quieran estudiar con mucha calma», indicó.

También terció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contrariada por las críticas de Llarena a la reforma del Código Penal, recomendándole que se limite a «administrar Justicia». «No vamos a entrar en los contenidos de la orden, pedimos que cada uno ejerza su responsabilidad. No entramos en los pronunciamientos judiciales y pedimos que tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación», manifestó. 

Recurso del expresident

Sacándole provecho a su recobrado protagonismo, Carles Puigdemont anunció ayer que recurrirá el auto dictado por el instructor del procés, que ajusta su procesamiento a la reforma penal manteniéndolo por malversación pero reemplazando el derogado delito de sedición por el de desobediencia.

Por otra parte, la exconsellera y eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí (huida en Escocia) prevé volver a Cataluña «lo antes posible» pero no se presentará ante el Tribunal Supremo (por lo que se arriesga a ir a prisión) al asegurar que no reconoce la jurisdicción del juez Pablo Llarena, por lo que desconoce si será detenida. «Garantías democráticas en el Estado no se tienen nunca. En mi caso, tengo inmunidad y no deberían detenerme. Pero garantías al totales no hay», recalcó.