La Agrupación de Transportistas Sorianos (Agrutranso) «rechaza de plano la posibilidad de aplicar un pago en las autovías», una medida que el Ministerio de Fomento ha deslizado esta semana en diferentes medios nacionales como alternativa para garantizar el mantenimiento de la red de vías de alta capacidad (autovías y autopistas). 

Aunque el Gobierno advirtió de que el pago por el uso de las autovías, actualmente gratuitas, sería una cantidad «simbólica», desde Agrutranso recuerdan que «las pequeñas y medianas empresas de transporte de la provincia ya contribuyen de manera suficiente al mantenimiento de las autovías con parte de la fiscalidad que ya soportan».

Además, advierten los transportistas sorianos, «la medida sería doblemente negativa para las empresas sorianas que, a diferencia de la mayoría de las provincias españolas, carecen de alternativa ferroviaria para dar salida a sus mercancías».

competitividad. Desde la asociación que agrupa a las firmas de transporte de Soria advierten al Gobierno de España que «la competitividad de las empresas de su sector, así como las del resto de la provincia, se vería notablemente perjudicada si prosperara la idea ahora en estudio, ya que una tasa como la planteada encarecería necesariamente los costes de explotación de las empresas de transporte, lo que afectaría directamente al valor final de los bienes de consumo». 

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, prefiere no posicionarse de momento al respecto de la propuesta del ministro Ábalos ya que, advierte, es solo una «idea lanzada», una «propuesta para debatir» que «habrá que madurar y ver el sentido». Por su parte, asegura que no ha tenido «tiempo» para «analizar las posibles bondades de la medida». 

en estudio. Tras la polémica nacional suscitada al respecto, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, admitió que el Gobierno está estudiando «diferentes fórmulas» existentes en otros países de Europa para el mantenimiento de la red de vías de alta capacidad, que comporta un gasto de en torno a más de 1.000 millones de euros anuales. No obstante, Montero aseguró en declaraciones recogidas por Europa Press que «no hay ninguna propuesta concreta» sobre este posible pago y vinculó  las informaciones aparecidas al respecto al debate producido hace algunos meses en el Congreso, en el que se proyectó la creación de una Comisión para debatir cómo financiar las infraestructuras públicas y la red de vías de alta capacidad. 

El rechazo al posible cobro ha sido generalizado, y eso que desde el Gobierno indicaron que el precio sería «simbólico», «en torno a la décima parte de lo que ahora paga de media en las autopistas de peaje». 

Al igual que Agrutranso, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) también manifestó a través de un comunicado de prensa su rechazo.