La Junta apuesta por la creación de un nuevo fondo demográfico para las comunidades con menor densidad de población y por la aportación de recursos de las autonomías forales en su diseño para el nuevo modelo de financiación autonómica. El Ejecutivo se prepara para la batalla bajo el reto de elevar los recursos hasta poder cubrir los «costes reales» de los servicios básicos que presta, marcados por la despoblación, el envejecimiento, la superficie y la dispersión.

Las alegaciones de Castilla y León al informe del Ministerio de Hacienda para el cálculo de la población ajustada que regirá la distribución de los fondos, recogido por Ical, critica los criterios de reparto que propone el Gobierno y pone sobre la mesa alternativas.

El Ejecutivo regional lamenta que no se haya presentado una propuesta de reforma integral, que establezca todos los elementos para determinar los recursos, ya que «no admite más demora» un nuevo modelo ante la «clara insuficiencia» del actual, con el que la Comunidad acumula un déficit de 7.650,52 millones desde 2009 , fruto de un sistema «ineficiente y deficitario».

Las alegaciones elaboradas por la Consejería de Economía y Hacienda se basan en el pacto firmado en las Cortes, sugerencias de los grupos parlamentarios y la declaración de Santiago de Compostela con Galicia, Cantabria, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. En ellas se apela a un aumento de los recursos que atienda al costes real de los servicios.

La Comunidad apuesta por mantener los fondos de suficiencia global y convergencia, y por incorporar al fondo de garantía el 100 por ciento de los recursos tributarios cedidos, frente al 75 por ciento actual, «incluyendo una aportación de las comunidades forales» para que todos los territorios contribuyan a la solidaridad y la igualdad.

La Junta reclama una mayor autonomía fiscal, con más cesión tributaria y competencias de gestión; el mantenimiento de una cláusula de statu quo que evite una posible pérdida de financiación; y la implantación de una «suficiencia dinámica» que permita garantizar a cada autonomía una financiación suficiente mientras está en vigor.

Proyección demográfica.

El informe apela a «acertar en los costes reales» de los servicios para garantizar la igualdad y evitar desequilibrios y hacerlo de una forma «dinámica» sobre la base de las proyecciones demográficas, «corrigiendo el modelo actual en favor de las comunidades con retos demográficos». Y es que denuncia que el peso relativo de la población ajustada se ha reducido un 0,3 por ciento para la Comunidad, pero los recursos recibidos han mermado más del doble, un 0,63 por ciento, lo que supone unos 600 millones.

En todo caso, Castilla y León demanda la definición de un catálogo común de servicios cuya financiación esté asegurada atendiendo a las necesidades de gasto real y evaluando el sobrecoste vinculado a sanidad, educación y servicios sociales por la extensión, baja densidad, dispersión o envejecimiento. El reto básico es «la determinación del coste real de un catálogo común de servicios» para todas las autonomías.

En este sentido, la Junta denuncia que el cálculo de población ajustada del Gobierno se realiza mayoritariamente desde la perspectiva de la demanda, atendiendo a la población destinataria de los servicios, y «otorga un peso residual a los factores no poblacionales con incidencia en el coste diferencial de prestación de servicios». «Este enfoque es el causante de la infrafinanciación», sentencia.

En conjunto, Castilla y León pretende que las variables correctivas tengan un peso de cinco puntos en el nuevo sistema de financiación para los servicios básicos, frente a la horquilla fijada del 3-4 por ciento del Gobierno, así como que superficie y dispersión condicionen un tercio de los gastos en otros servicios. En concreto, quiere que la superficie pese al menos un 1,8 por ciento, los costes fijos un uno por ciento (pero no solo para las autonomías de menos de dos millones de habitantes); la dispersión un 0,6 por ciento y la despoblación un uno por ciento.

Población.

La Junta reclama también en sus planteamientos la creación de un fondo específico distinto al de Compensación Interterritorial, que se reparta entre las autonomías con menor densidad de población y dote de una «financiación estable» a los territorios más afectados.

En relación a los indicadores propuestos para reflejar el fenómeno «estático» de la despoblación (zonas despobladas), el que mejor lo refleja, a su juicio, es el que apunta a la población necesaria para alcanzar la densidad media sin localidades de más de 75.000 habitantes, porque se excluyen las no afectadas por el problema y se tiene en cuenta la superficie sobre la que se distribuye el resto de habitantes, concentrando los recursos en mayor medida en las regiones más afectadas por este fenómeno. En este sentido, la Junta propone explorar la posibilidad de utilizar la población necesaria para alcanzar la densidad media sin localidades de más de 20.000 habitantes, como nueva variable.

En cuanto a su aspecto dinámico (pérdida de población), la propuesta ministerial pide fondos externos al sistema, pero Castilla y León traslada que no comparte que el Fondo de Compensación Interterritorial sea el instrumento adecuado para tratar la despoblación, porque está centrado en los desequilibrios económicos y no en los sociales, y las partidas para la Comunidad bajaron un 77 por ciento desde 2009, de 83,9 a 19,25 millones en 2021, y exige un nuevo instrumento.

Educación.

La Junta propone un cambio en el reparto entre educación no universitaria y FP y universitaria, la primera en una horquilla de 70-75 por ciento (75-80 por ciento en la propuesta gubernamental); y la superior en el 25-30 por ciento (20-25), conforme a las proyecciones de población del INE, que prevé una bajada de las personas de entre 0 y 18 años en 2035 del 19,3 por ciento, frente a una subida de los de entre 19 y 24 del 8,4 por ciento.